La Auditoría Superior del Estado (ASE) reveló deficiencias en el sistema anticorrupción de los municipios, evidenciando que casi el 60 por ciento de los órganos internos de control (OIC) han omitido el trámite de procedimientos de responsabilidades administrativas enviados durante las cuentas públicas de 2019 y 2020.
El auditor superior, Héctor Acosta Félix, compartió los resultados de la Auditoría de Desempeño a los Órganos Internos de Control Municipales en una reunión con el Comité de Participación Ciudadana (CPC), donde se detalla la información que han recuperado de los diferentes revisiones a las cuentas publicas.
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Según la auditoría, de las 136 promociones de presunta responsabilidad administrativa enviadas por la ASE a los municipios, solamente 78 han sido atendidas. Esto significa que la función de investigar, sustanciar y, en algunos casos, sancionar las faltas remitidas ha quedado inconclusa en una parte significativa de los casos.
El presidente del Comité de participación ciudadana, Miguel Gómez, quien estuvo presente en la reunión junto con los demás integrantes del comité, destacó la importancia de este ejercicio de transparencia. Señaló que Chihuahua es el primer estado en realizar una auditoría de desempeño de esta naturaleza y expresó la intención del CPC de promover su replicación a nivel nacional como una buena práctica de diagnóstico fundamental para el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción.
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Una de las principales preocupaciones evidenciadas por la auditoría es la falta de conformación, estructura y funcionamiento adecuados de los órganos internos de control en los municipios. De los 62 municipios con titular de OIC, solo 50 cuentan con titular, autoridad investigadora y autoridad substanciadora en sus órganos internos de control. Además, se identificaron 3 municipios sin OIC, lo que revela una deficiencia en la aplicación de las responsabilidades legales.
En cuanto a la selección de integrantes de los OIC, la auditoría encontró que solamente 6 municipios eligieron a sus integrantes mediante convocatoria pública, mientras que 61 municipios utilizaron otros medios de designación, por lo que estas cifras ponen de manifiesto la necesidad de mejorar los procesos de selección para garantizar la idoneidad y la independencia de los integrantes de los órganos internos de control.
Ante estas deficiencias, el auditor superior, Héctor Acosta Félix, destacó la importancia de abordar el problema con una perspectiva de maduración de las estructuras de control en los municipios. En lugar de emprender acciones sancionadoras de inmediato, propuso implementar una mayor capacitación y apoyo para que los órganos internos de control tengan todas las herramientas necesarias y puedan operar de manera eficiente en un tiempo razonable.
La situación expuesta por la auditoría resalta la necesidad de fortalecer los sistemas anticorrupción a nivel municipal y estatal, asegurando que los órganos internos de control cumplan con su función de prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas. El CPC se compromete a seguir promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas como pilares fundamentales en la lucha contra la corrupción.
