Impune de los sacerdotes Javier Campos S.J. y Joaquín Mora S.J., así como del guía de turistas Pedro Palma y del joven Paul Osvaldo Berrelleza, en la comunidad de Cerocahui del municipio de Urique en la Sierra Tarahumara, por lo que organizaciones de la sociedad civil dedicado a la defensa de los derechos humanos, colectivos y ciudadanos en general exigen captura inmediata de José Noriel Portillo Gil, alias “El Chueco” y a quienes resulten responsables de los asesinatos.
Además hicieron un llamado a la autoridad estatal para que presente los avances de la investigación en torno a este caso, que a la fecha está impune, la paz no llega y el miedo se sigue extendiendo entre la población de las comunidades de la región ante la falta de una operación certera y una estrategia integral de seguridad que impida el regreso de las personas y de los grupos generadores de violencia que se han apoderado del territorio.
Lo acontecido en Cerocahui es una muestra de lo que se sigue viviendo en el país ya que, de enero a octubre de este año, se han registrado 1 mil 710 asesinatos en el estado de Chihuahua y 26 mil 119 en el territorio nacional (CNI-SESNSP).
Los asesinatos y el intrincado acceso a la justicia por parte de las víctimas, son muestra de la impunidad, la inseguridad y la falta de garantías para el ejercicio más elemental de los derechos humanos en nuestro país.
Este marco amplio de violencia ha transgredido a los diversos sectores de la población, así como a aquellas personas que, sin importar su credo, caminan a favor de la paz, el bienestar comunitario y los derechos humanos.
El dolor por los hermanos asesinados el pasado 20 de junio, es una realidad que a diario viven miles de personas en México y que solo se sanará cuando encontremos la justicia en las labores del Estado mexicano y en las acciones sin violencia que posibilitan cambios culturales a favor de la paz.
Por lo anterior, organizaciones, colectivos y ciudadanos en general hicieron un llamado a la autoridad en el Estado de Chihuahua para salvaguardar la seguridad de los pueblos y comunidades de la región, así como la captura inmediata de José Noriel Portillo Gil, alias “El Chueco” y a quienes resulten responsables de los asesinatos.
De la misma manera exigieron desintegrar las redes criminales que controlan la región.
Demandaron garantizar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de las víctimas.
Al mismo tiempo, demandaron a las autoridades federales y trabajar en coordinación con las autoridades estatales, así como en comunicación con los diversos actores sociales de la región.
Garantizar la seguridad de quienes trabajan por la paz y la defensa de los derechos humanos, de los pueblos y las comunidades
Generar una estrategia integral con capacidad de atender y facilitar el acceso a la justicia de todas las víctimas de la violencia y la inseguridad en México.