Luego de que en 2016 el estado de Chihuahua, no finiquitara la obra de la Ciudad Judicial en la ciudad de Chihuahua y luego de un juicio de más de cuatro años, se acordó entre las partes pagar 513 mdp a la empresa constructora en un periodo de tres años.
El Gobierno del Estado de Chihuahua, en cumplimiento a un mandato judicial y buscando siempre privilegiar el orden de las finanzas públicas estatales, tras un largo litigio iniciado por la administración anterior, y que derivó en una sentencia, misma que se trató de combatir por medio de amparos, la actual administración firmó un convenio de pago con el consorcio de empresas constructoras que realizaron el “Centro de Justicia”, que alberga actualmente al Poder Judicial del Estado.
El conflicto legal fue derivado de la decisión de los dos gobiernos anteriores de no realizar los pagos finales correspondientes a las obras de construcción del edificio del Poder Judicial del Estado que fueron recibidas de conformidad por parte de las entonces autoridades estatales.
Ante el incumplimiento de pago, en el año 2016 el consorcio de empresas constructoras demandó al gobierno del Estado y, después de agotadas todas las instancias en los tribunales estatales y federales, el consorcio obtuvo sentencia favorable el 30 de septiembre de 2020; el gobierno anterior decidió continuar el litigio, interponiendo diversos juicios de amparo que fueron desechados por improcedentes.
El día 5 de enero de 2022, el Gobierno del Estado fue notificado por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el amparo que se encontraba pendiente fue desechado.
Por lo anterior, el Gobierno del Estado se abocó durante los últimos meses a encontrar la forma de mitigar el impacto en el presupuesto público derivado del elevado monto a que ha sido condenado a pagar.
Así, se llevó a cabo una negociación con el consorcio de empresas constructoras y se logró un acuerdo benéfico para el Estado de Chihuahua, ratificado ante la autoridad jurisdiccional, conforme al cual se ha logrado una disminución de aproximadamente 150 millones de pesos del monto al que fue condenado el Estado y se pactó cubrir la cantidad resultante de 513 millones de pesos en un plazo de 3 años, sin que se generen intereses.
Este miércoles se llevó a cabo la ratificación del citado convenio así como el primer pago para iniciar con la liquidación de esta deuda heredada.
