Un juez federal ordenó al Ministerio Público de la Fiscalía General de la República investigar sobre el paradero de cerca de 4 mil documentos o folios de pago del mismo número de beneficiarios de la Pensión del Adulto Mayor de la Secretaría del Bienestar en su Delegación Chihuahua.
Lo anterior durante el desarrollo de la audiencia sobre la causa penal 42/2023, donde el abogado o representante de la Delegación del Bienestar que funge como víctima de la presunta sustracción de los documentos refiere la desaparición de 3 mil 814 recibos de pago del programa social referido.
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Así lo explicó el ciudadano Hugo Ruiz Esparza, quien ha interpuesto algunas denuncias en contra de los ex delegados estatal y regional del Bienestar en Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa y Marcelino Gómez Brenes.
Señaló que, en la audiencia mencionada, se hizo alusión a la causa penal 1319/2022 en contra de Hugo Ruiz o quien resulte responsable, tras una denuncia interpuesta por la delegación del Bienestar; la denuncia penal va en el sentido de la presunta sustracción de documentos
En este sentido, comentó que, en una primera instancia, se había resuelto el no ejercicio de la acción penal, sin embargo, añadió que al momento en que la representación legal de la delegación del Bienestar, acepta que se extraviaron los casi 4 mil documentos, se estaría aceptando o dando la razón, sobre una de las denuncias interpuestas ante instancias federales, en relación a que es necesaria una auditoría al interior de la dependencia federal.
Durante la audiencia, el jurista representante del Bienestar señala que la caja que se perdió y por la cual se acusa al exempleado de la delegación, Hugo Ruiz, como responsable o participante en el extravío, contiene documentos públicos auditables.
Sin embargo, el ciudadano Ruiz Esparza aseguró que con esos folios o recibos de pago se podría acreditar que existieron actos de corrupción dentro del pago para la Pensión de los Adultos Mayores del Programa del Bienestar, pues hay falsificación o duplicación de firmas, así como fechas y localidades alteradas.
Por lo anterior, el juez federal ordenó a la Fiscalía General de la República que no se cierre el caso y que investigue el paradero de los folios y que a su vez, las acusaciones correspondientes, sean desahogadas por completo hasta llegar a las consecuencias que marca la ley.
Cabe mencionar que el exempleado del Bienestar en Chihuahua denunció ante la FGR, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, presuntos actos de corrupción presuntamente instruidos o bajo la venia del delegado estatal Juan Carlos Loera y del regional Marcelino Gómez.
En su denuncia, señala que utilizando una red de corrupción se retenían pagos a los adultos mayores con el fin de que se rezagaran por varios bimestres para después darles sólo una parte o nada de lo que les correspondía.
Por su parte, la representación jurídica del Bienestar denunció al exempleado por presuntamente haber sustraído de manera ilegal una caja con documentos, señalándolo como posible autor material o autor intelectual del robo de la documentación oficial.
