Los diputados del Congreso del Estado concordaron en solicitar al Senado de la República que, ante de que concluya el periodo ordinario, dictamine la Minuta Proyecto de Decreto por el que se legisla en materia del Sistema Nacional de Cuidados.
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La representante del Partido Acción Nacional (PAN), Diana Pereda, fue quien presentó esta proposición explicando que el derecho al cuidado es un derecho humano que requiere ser comprendido, atendido y visibilizado como el acto que sostiene a los seres humanos en los momentos de vulnerabilidad, durante las fases de desarrollo y frente a escenarios de dependencia física y mental.
Compartió que, de acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidado (ENASIC 2022), realizada por el INEGI, en ocho de cada diez hogares del país hay al menos una persona que requiere de apoyos o cuidados, lo cual da una cifra total de 58.3 millones de personas en esa situación.
Sin embargo, solo el 64.5 por ciento; es decir, 58.3 millones de personas pueden satisfacer esa demanda de cuidados. En otras palabras, casi la mitad de la población que requiere cuidados, pero la responsabilidad de brindarlos no recae en la misma proporción.
Resaltó que esas cifras acentúan la desproporcionalidad al hablar de cuidadores principales, dado que las mujeres en un 86.9 por ciento termina siendo la cuidadora principal dentro del hogar, esto sin remuneración alguna, mientras que los hombres solo llegan a ser el 13.1 por ciento.
Cabe comentar que el 5.6 por ciento de las personas que requieren cuidados es por alguna discapacidad o dependencia física o mental; el 10.3 por ciento por ser niños entre 0 y años; el 25.4 por ciento son niños y adolescentes entre 6 y 17 años; y el 17 por ciento por ser personas mayores de 60 años.
En la ENASIC se evidencia igualmente el impacto en la salud de aquellos encargados del cuidado, manifestando fatiga física, falta de sueño, irritabilidad, depresión, deterioro físico y la necesidad de atención de salud mental, llegando incluso al punto de desarrollar condiciones que requieren tratamiento.
Por tal motivo, resaltan la urgencia de poner énfasis en las políticas públicas que igualen los terrenos tanto de la vida pública como de la vida privada de las mexicanas, por lo que se manifiesta lo indispensable e indudable responsabilidad que tienen los legisladores de abordar y resolver las problemáticas.