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Los diputados que conforman el Congreso del Estado aprobaron la proposición presentada por la integrante del Grupo Parlamentario de Morena, América García, con la que solicitan a las autoridades correspondientes que la inclusión de traductores intérpretes de lengua indígena en las principales dependencias de acceso a la justicia en el estado sea una realidad, por lo que exigieron que hagan lo conducente para que se aplique esta acción.
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De esa manera, subrayó la expositora, se garantizará igualmente el acceso a la justicia de las personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas, así como a las personas con discapacidad.
En su exposición de motivos, García Soto detalló que esta solicitud surgió luego de una de las participaciones que se tuvieron en el Paramento Juvenil 2023 y que creyó prudente y urgente retomar y de esa manera cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible de Reducción de Desigualdades de la ONU.
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Rocío Sarmiento Rufino se unió a la felicitación a la joven que abordó el tema en el ejercicio antes mencionado e hizo de su conocimiento que la inclusión de traductores de lenguas en las principales dependencias de acceso a la justicia en el estado ha sido cumplida con el decreto 509/2023; empero, hace falta asegurarse de que se esté cumpliendo.
En ese sentido, se aprobó igualmente la moción presentada por la panista Rocío Sarmiento, quien solicitó dirigir la petición al Poder Judicial del Estado para que, de no contar con la plantilla de servidores con el puesto de traductor e interprete especializado o debidamente certificado, realice las acciones administrativas ante las autoridades hacendarias para su creación.
Igualmente, en la petición que se envió al poder judicial se pide dar cumplimiento respecto a las disposiciones presupuestarias que le mandata la ley en relación al fortalecimiento del Centro de Personas Traductoras e Intérpretes.
El llamado se extendió también a la Fiscalía General de la República, al Poder Judicial de la Federación y al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas en el Estado para que en esas instituciones se garantice igualmente el acceso a la justicia de las personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas y las personas con discapacidad que así lo requieran.
