El Congreso del Estado envió un exhorto a la Secretaría de Hacienda del Estado para que, en coordinación con la Fiscalía General y la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas, incorporen a la Plantilla de Servidores Públicos del proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2025, la plaza de traductor e intérprete indígena.
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El exhorto fue presentado por la diputada de Morena y representante de los pueblos indígenas, Edith Palma Ontiveros, quien hizo extensivo al Poder Judicial esta propuesta para que se contrate una mayor cantidad de personal calificado.
Asimismo, se busca incorporarlo al Centro de Personas Traductoras e Intérpretes de las diversas lenguas originarias, evitando con ello la eventualidad en las contrataciones, acción que impide la consolidación de dicha instancia especializada.
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La legisladora expuso que cerca de un año y medio de la creación del Centro de Traductores e Intérpretes del Estado de Chihuahua se observa que todavía no ha sido posible que las instituciones responsables de la procuración y administración de justicia en la entidad se sometan cabalmente al imperio de la ley.
Refirió que, de acuerdo a las investigaciones de instituciones y organizaciones diversas, dentro de las cuales se incluyen la Comisión Nacional y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en las estadísticas vinculadas con violaciones a los derechos humanos, estas se elevan en relación a las procesales de que son víctimas las personas de los pueblos y comunidades indígenas, en las que el racismo y la discriminación son prácticas generalizadas.
Esa situación, tiene repercusiones en lo que se refiere a la obligación del Estado para garantizar el derecho de acceso a la justicia de los pueblos originarios, por lo que sigue siendo una deuda pendiente en la agenda de las instituciones de procuración y administración de justicia en México, y Chihuahua no es la excepción.
Otro de los asuntos que se expusieron fue el presupuesto destinado para el Centro de Personas Traductoras que en 2024 fue de 6 millones 770 mil pesos, 23 por ciento más que en 2023; sin embargo, la cantidad de intérpretes contratados continúa sin superar las seis personas, lo que nos lleva a presumir que pudiera tratarse de una estrategia mediante la que se pretende evadir el cumplimiento de la Ley.