El Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, abrogó el acuerdo número 156/2019, por medio del cual se expidieron las Medidas para la Optimización de Recursos del Estado de Chihuahua, por tratarse de un acuerdo repetitivo y sin una implicación real dentro de las acciones de las dependencias estatales.
Dicho acuerdo fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua el día 31 de agosto de 2019, sin embargo, en la última publicación del Periódico Oficial correspondiente al año anterior, se abrogó el acuerdo, lo que no implica modificación alguna en los acuerdos de austeridad y de mejor aprovechamiento de los recursos estatales.
“Resulta innecesaria la existencia del acuerdo referido en el que se contemplan las Medidas para la Optimización de Recursos en el Estado de Chihuahua, así como el Comité de Optimización de Recursos, responsable de analizar y decidir respecto a los asuntos cuya naturaleza requiera la emisión de un dictamen específico”, versa el acuerdo a abrogación.
Lo anterior, bajo el argumento de que los mecanismos señalados en el acuerdo 156/2019, ya existen en diversos instrumentos normativos, lo que lo hace repetitivo e innecesario.
Con la abrogación del acuerdo se busca eficientar el uso de recursos públicos, y tomando en consideración que existen diversos instrumentos normativos por medio de los cuales se establecen los métodos necesarios a fin de que la administración de los recursos públicos se realice con base en los criterios de legalidad, honestidad, honradez, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, transparencia, control, rendición de cuentas, perspectiva de género y obtención de resultados, resulta innecesario el acuerdo mencionado.
Esa aprobación asegura que su eliminación no generará costos de cumplimiento para los particulares, dado que solo abroga el acuerdo 156/2019, por lo que no crea o modifica trámites, no reduce o restringe derechos o prestaciones para los particulares, ni establece definiciones, clasificaciones, caracterizaciones o cualquier otro término de referencia, que conjuntamente con otra disposición en vigor o con una disposición futura, afecten o puedan afectar los derechos, obligaciones, prestaciones, trámites o servicios de los particulares.
La abrogación del acuerdo, se realizó con base en las atribuciones que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo otorgar a la gobernadora María Eugenia Campos, quien ocupa la figura de jefa del Ejecutivo estatal.