El vicepresidente del Congreso del Estado, Edgar Piñón, manifestó su preocupación por los posibles daños que puede ocasionar la Ley Minera que fue propuesta por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, motivo por el cual, en colaboración con legisladores locales y federales y el Clúster Minero, prepara un frente común que tiene como objetivo detener la aprobación de esta iniciativa.
Piñón Domínguez detalló que buscarán promover un análisis detenido sobre el impacto negativo que generará reformar la ley actual, pues destacó que uno de las principales modificaciones que se busca es reducir de 50 a 15 años la vigencia de las concesiones mineras, las cuales además deberán estar sujetas a la disponibilidad hídrica del territorio.
Añadió que el efecto que tendría a nivel nacional esta reforma es la pérdida de más de 417 mil empleos directos y 2.5 millones indirectos con salarios superiores en 37 por ciento al promedio nacional; igualmente, se afectaría la calidad de vida de 700 comunidades de 212 municipios en el país y se dejarían de invertir más de 9 millones de dólares en los próximos años.
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En cuanto a lo local, tal como lo dio a conocer el panista Alfredo Chávez, el priista señaló que, al menos 25 mil empleos en la entidad se perderían de aprobarse esta ley, además se verían afectados más de 300 mil chihuahuenses que se benefician directa o indirectamente a través de esta actividad.
El legislador del Partido Revolucionario Institucional añadió que con esta ley se impondría el pago de regalías de al menos el 10 por ciento a los tenedores de tierra adicional al existente que se paga por el derecho sobre utilidades.
Lamentó que el Gobierno Federal insista en querer frenar una de las 5 industrias que más aportan al Producto Interno Bruto del país con más del 8.6 por ciento, siendo el 4 por ciento por parte de Chihuahua, lo cual representa una derrama económica estatal de más de 24 mil 822 millones de pesos.
Recordó que hace un par de semanas alertaba del peligro y la poca empatía por parte de la federación al pretender reubicar la Secretaría de Minería a entidades que no tienen actividad alguna en este rubro, mientras se incrementaban los cosos burocráticos para los empresarios mineros.
Es por ello que especificó que no se puede permitir que una de las actividades que brindan identidad al Estado se ponga en riesgo pudiendo propiciar incluso el cierre inminente de compañías mineras, empresas proveedoras, restaurantes, hoteles, tiendas de abarrotes y otros circundantes a las unidades mineras.
Por esta razón, en la sesión ordinaria del poder legislativo de este martes Edgar Piñón presentará un primer exhorto a la federación a fin de impedir su aprobación.