Este jueves se llevará a cabo la última reunión entre autoridades indígenas y dependencias del Gobierno de México, antes del cierre de la administración de Andrés Manuel López Obrador.
La reunión forma parte del proceso de evaluación del Plan de Justicia de la Sierra Tarahumara, que busca atender diversas problemáticas en las comunidades indígenas de la región.
En Guachochi, Chihuahua, líderes tradicionales se dieron cita para discutir los avances y pendientes del Plan de Justicia, el cual fue diseñado en colaboración con las comunidades indígenas Ralámuli, Ódami, Oichkama (Pima) y Warijó.
Entre los asistentes se destacaron Luis González Rivas, gobernador Ralámuli de Mogótavo; María Rafaela Ramírez Frías, gobernadora de Mesa de Guitayvo, y Hortencia Palma Palma Walú, gobernadora de Guachochi, quienes instaron a continuar el trabajo para lograr soluciones duraderas a los retos que enfrentan las comunidades.
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El encuentro también contó con la presencia de Gustavo Sánchez Benítez, coordinador de los Planes de Justicia, y Bertha Dimas Huacuz, responsable del Plan de la Sierra Tarahumara.
Durante la reunión, se hizo un recuento de los logros alcanzados y de los desafíos aún por resolver. Entre los temas tratados, destacaron la restitución de tierras, proyectos de agua potable, infraestructura indígena, salud y medicina tradicional.
Uno de los avances importantes fue el análisis de la viabilidad jurídica para la restitución de tierras en Mala Noche, Guadalupe y Calvo, y la emisión del dictamen técnico en Guasachique, Balleza, lo que permitirá la restitución de mil 662 hectáreas.
Además, se discutió la inversión en proyectos productivos y de infraestructura, como la instalación de sistemas de captación de agua de lluvia en diversas comunidades.
El Plan de Justicia de la Sierra Tarahumara ha tenido una inversión total de más de 2 mil 041 millones de pesos en áreas como justicia ambiental, salud, educación e infraestructura, lo que demuestra el compromiso del gobierno y las comunidades indígenas de trabajar en conjunto para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región.
A pesar del cambio de administración, las autoridades locales y federales aseguraron que los esfuerzos del Plan de Justicia continuarán en la siguiente etapa bajo la próxima presidencia.