La defensa del exgobernador César Horacio D.J. presentó una serie de documentos médicos con el que argumentan que el estado de salud de su cliente, obliga a que éste pueda llevar el proceso en libertad con una modificación de la medida cautelar.
Uno de los documentos es el resultado de un electrocardiograma del 29 de marzo del 2023, en donde se califica su estado de cardiaco como no normal y en donde se acredita un posible infarto que pondría en peligro la vida del imputado.
El estudio refiere que el exgobernador padece una obesidad grado 1, así como una hipertensión de larga evolución, por lo que lleva un tratamiento específico para dichos padecimientos.
Añadió que el cardiólogo que realizó el documento, ha atendido a su cliente desde agosto del 2022, detectándole algunas irregularidades en su estado de salud, con un alto riesgo para desenlaces cardiovasculares mayores.
Asimismo, se presenta un documento fechado el 30 marzo, el cual emite el cardiólogo Mario Alberto Valle, que lo atiende, en donde se reiteran los padecimientos y el riesgo cardiovascular que corre el César Horacio.
Por su parte, la bitácora del servicio médico del Cereso 1, entorno a la presión arterial del imputado, evidencia una serie de variaciones que no son comunes en una persona con buen estado de salud.
De igual forma se presentó una constancia médica por parte del neurólogo que lo atiende, en donde se constatan problemas en sus dos oídos, así como herniaciones derivadas de la cirugía de columna vertebral a la que fue sometido.
El abogado explicó que ese estudio refiere que la condición de César D.J. no ha presentado avances significativos, lo que se ha visto empeorado por algunas emociones que ha sentido y que han afectado su estado de salud.
Otro documento presentado, es una constancia firmada por un visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien acudió al Cereso tras conocer el preinfarto que habría sufrido; en dicha constancia se expone la importancia de que el imputado reciba atención médica en el exterior de ese centro penitenciario.
La defensa pidió que la modificación de la medida cautelar, lo que podría ser sustituido con un brazalete electrónico, así como la asistencia a firmar de manera periódica; para tal efecto, se presentó un documento de la empresa que puede proporcionar el brazalete, que constata que existe la posibilidad del monitoreo mediante GPS al momento de que el juez lo determine.
