El auditor superior del Estado, Héctor Acosta Félix, informó a esta redacción que su equipo de trabajo ha presentado un Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) contra Juan Pedro Santa Rosa ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, con los elementos suficientes para demostrar que cuando fue titular del Instituto Chihuahuense del Deporte cometió faltas administrativas graves.
Indicó que las faltas que el exfuncionario cometió ameritan una sanción de ser inhabilitado para la función pública, por lo que dijo esperar que los magistrados determinen efectivamente la responsabilidad de Juan Pedro Santa Rosa, puesto que IPRA derivó de hallazgos en que la ASE encontró conductas que la Ley General de Responsabilidades considera graves.
“Cuando presentamos un informe de este tipo consideramos que tenemos todos los elementos para que el Tribunal determine una sanción”, comentó el funcionario público y explicó que el procedimiento en contra del exfuncionario es un proceso en forma de juicio.
“Nosotros en la ASE actuamos como fiscal o Ministerio Público, pero en materia administrativa; el propósito de estos procedimientos es sancionar, de menor a mayor gravedad de la falta administrativa de la siguiente forma: destituir, amonestar, suspender, destituir, inhabilitar o aplicar una sanción económica a un servidor o exservidor público”, explicó Acosta Félix.
Indicó que la ASE acumuló indicios de que Santa Rosa González actuó bajo conflicto de intereses, pues benefició en su calidad de titular del ICHD a una sociedad a la cual él pertenecía de forma muy reciente, al haber tomado posesión como director del organismo público. Dijo que el exfuncionario era secretario del Consejo de Administración, de la sociedad que se vio beneficiada.
Lo anterior, en referencia a la empresa “LBE Chihuahua”, la cual fue contratada por la dependencia a su cargo, por una cantidad de 1 millón 360 mil pesos; esto se indica en el Juicio de Responsabilidad Administrativa, identificado como E 034/2022-2, donde los magistrados discutirán si existió o no conflicto de intereses.
