Integrantes de la comunidad de LeBarón ha presentado un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) después de que la Jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa, María Isabel Bernal Hernández desestimara su demanda en el juicio de amparo indirecto con número 1727/2023.
En su resolución del 10 de julio de 2024, publicada el 11 de julio de 2024, la jueza Bernal Hernández determinó que la demanda no debía ser aceptada debido a tecnicismos erróneos que ahora tendrán que ser analizados en la instancia superior.
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Lo anterior, ya que desde el 8 de noviembre de 2023, los familiares de Rhonita LeBarón (víctima directa en la masacre de Bavispe) presentaron un amparo denunciando la discriminación del Estado Mexicano cuando la SEGOB omitió incluirlos en el Convenio de Reconocimiento y Reparación celebrado el 16 de diciembre de 2020 por la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) con las otras víctimas de la masacre ocurrida en Bavispe el 4 de noviembre de 2019, donde tres mujeres y seis menores perdieron la vida por negligencias y responsabilidad ya reconocida por el Estado Mexicano.
La jueza argumentó que el convenio surtió sus efectos en la fecha de su celebración y que el plazo para interponer la demanda era de 15 días a partir de entonces. Sin embargo, esta resolución ignora la discriminación continua que sufre la familia LeBarón por parte de los funcionarios del Estado Mexicano, al no ser considerados hasta el momento, para ningún tipo de reparación que sí se otorgó a las otras víctimas, por lo que los efectos de tal discriminación son de carácter continuado y se siguen generando conforme transcurre el tiempo, hasta que se les dé un trato equitativo en las acciones reparatorias que otorgó el Gobierno Mexicano.
En un esfuerzo por obtener justicia, Adrián LeBarón ha anunciado públicamente que llevará su caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La búsqueda de justicia para su hija y nietos, quienes fueron brutalmente masacrados en noviembre de 2019, el cual ha sido un camino largo y lleno de obstáculos.
La familia LeBarón ha recorrido un doloroso camino desde la tragedia que marcó sus vidas. "Nunca imaginamos cuántas puertas íbamos a tocar, cuántas se nos iban a cerrar, y cuántas autoridades iban a preferir voltear la mirada, antes que hacer valer la justicia", expresó Adrián LeBarón con evidente frustración.
A pesar de la magnitud de la tragedia y del impacto nacional que causó el caso, Adrián LeBarón dijo que las autoridades administrativas han negado a la familia LeBarón el reconocimiento como víctimas. "Para las autoridades administrativas, no somos víctimas, no es suficiente haber atravesado una masacre, ni haber sido uno de los casos que más retumbó en las conciencias de un país que debería proteger a sus hijos", lamentó LeBarón.
La exclusión se debió a cuestiones meramente administrativas y procedimientos que no les fueron informados a tiempo, impidiendo su inclusión en los convenios existentes para el reconocimiento y reparación del daño.
Ante esta situación, la familia LeBarón ha decidido presentar un recurso de Revisión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, buscando que se revalúe su caso y se les brinde el reconocimiento y la reparación que merecen. "Acudimos hasta la máxima instancia pidiendo que se atienda nuestro caso", afirmó LeBarón con determinación.
Tanto la Secretaría de Gobernación como la Comisión Nacional de Derechos Humanos dijo que han excluido a la familia LeBarón de sus acuerdos con otras víctimas, llevando a la familia a ampararse, aunque sus argumentos han sido rechazados. "Es importantísimo que la Suprema Corte revise este caso. La exclusión de nuestra familia del convenio es una muestra clara de la falta de empatía por parte de los funcionarios responsables", destacó LeBarón.
Adrián LeBarón concluyó su mensaje con un llamado a la justicia y la solidaridad, no solo para su familia, sino para todas las víctimas de la violencia en el país. "Queremos abrir un sendero de justicia, no solo para nosotros sino para todas las víctimas de la violencia en nuestro país", enfatizó.
Al momento, decenas de personas han sido detenidas por estar relacionados con el caso del homicidio de la familia, sin embargo, a casi cinco años de que ocurrieron los hechos, no se ha garantizado la reparación del daño y no se han emitido sentencias por el homicidio de las personas involucradas, pues la mayoría de los casos se integran por delincuencia organizada.