Proceso de judicialización de querellas de Aras tardarían 280 años: abogado de defraudados

Aseguran que es cuestión de falta de voluntad, pues no se han podido reunir con ella, quieren formalizar la revisión de los casos con sus particularidades

Redacción | El Heraldo de Chihuahua

  · lunes 18 de julio de 2022

Afectados por la empresa Aras / Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Javier Felix, abogado y afectado del caso de fraude por la organización financiera Aras, indicó que si la gobernadora Maru Campos continua ignorando sus peticiones de justicia, harán uso de su derecho a la participación ciudadana para iniciar un proceso de revocación de mandato.

"Nosotros entendemos que la gobernadora esté muy ocupada y tenga que ir a Francia y Alemania, pero si sigue empeñada de ignorarnos, haremos efectiva la Ley de Participación Ciudadana que nos da derecho de solicitar su revocación de mandato", explicó el afectado.

Indicó que el proceso de judicialización de las 4 mil 600 querellas tardaría unos 280 años si continúa la "exasperante lentitud" que han tenido hasta ahorita, pues solo 15 querellas se han judicializado: "a este paso, vamos a estar todos muertos cuando judicialice las querellas", comentó el abogado.

"Si ella insiste en ignorarnos, nosotros vamos a hacer efectiva la Ley de la participación ciudadana que nos da el derecho de solicitar su revocación de mandato; si insiste en ignorar la encomienda que le dio el presidente de la República en diciembre pasado de atendernos", agregó.

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Por su parte, el abogado Mariano Cordero indicó que se busca formalizar el acuerdo con la Fiscalía del Estado para que los afectados puedan revisar las carpetas de investigación, a fin de vigilar el actuar de la Fiscalía General del Estado, para asegurarse de que le den celeridad al proceso legal.

"Queremos acordar cómo vamos a acomodarnos para la audiencia del 4 de agosto y que nos digan cómo quieren hacerle con la exposición de los casos, porque existe la posibilidad de que se violen los derechos de las víctimas si no se individualizan las 300 carpetas y se meten como un delito general, siendo que todos tienen sus particularidades", finalizó el legista.