El secretario general de Gobierno, César Jáuregui Moreno, que son muchos los asuntos jurídicos en contra de exfuncionarios, que le prescribieron a la pasada administración estatal encabezada por Javier Corral Jurado, por haber integrado los casos de forma incorrecta.
En este sentido, manifestó que actualmente sólo se está tomando el acuerdo relativo a un hecho por parte de la administración estatal.
Lo anterior, en relación a procedimientos administrativos que se levantaron en contra de exfuncionarios, sin embargo, estos no tienen relación con las causas penales que se siguen en contra de los exfuncionarios.
“Los procesos administrativos no tienen absolutamente nada que ver con procesos penales, entonces, muchos procesos administrativos que llevaba la administración anterior, prescribieron por aquella falla de que invocaron una ley que no existía para llevar a cabo una serie de procedimientos administrativos en contra de funcionarios que supuesto habían cometido irregularidades”, mencionó.
El funcionario estatal reiteró que no existe relevancia alguna en cuanto a que algún proceso administrativo prescriba, respecto a las denuncias penales que puedan existir.
Jáuregui Moreno, rechazó las versiones de algunos actores políticos que señalan que el actual gobierno busca la liberación del exgobernador César D.J., pues aparte de que las causas penales son distintas a los asuntos administrativos, los que prescribieron, lo hicieron en la pasada administración y no en la actual.
“Ni siquiera prescribieron en esta administración, y este gobierno no cometió el error de seguir procedimientos con una ley inexistente (Ley Estatal de Responsabilidad Administrativas de los Servidores Públicos)”, enfatizó.
Cabe mencionar que fue en el 2019 cuando la Ley General de Responsabilidades Administrativas, legislada a nivel federal, entró en vigor en el 2019 motivo por el cual, las entidades federativas tuvieron que armonizar la ley, por lo que la Ley Estatal de Responsabilidad Administrativas de los Servidores Públicos quedó sin efecto, sin embargo, quienes llevaban los casos de los llamados “exduartistas” siguieron utilizando la ley estatal para integrar los expedientes.