/ lunes 13 de junio de 2022

Profesores podrán dar cuenta a Procuraduría cuando menores sean víctimas de algún delito: Bujanda

“Garantizar el bienestar de las infancias, debe de ser prioridad para los gobiernos en turno”, externó la titular del Legislativo.

La presidenta del Congreso del Estado, Georgina Bujanda Ríos, presentó una iniciativa para que las autoridades educativas den cuenta a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado cuando estos sean víctimas de algún delito como violencia sexual y/o familiar o cuando pudieran vulnerarse sus derechos.

“Garantizar el bienestar de las infancias, debe de ser prioridad para los gobiernos en turno, procurando asegurar que sus necesidades básicas estén satisfechas, así como resguardar su integridad y seguridad”, externó la titular del Legislativo.

La presidenta del Congreso dio a conocer que por semana, los infantes pasan aproximadamente 30 horas en instituciones académicas, por lo cual maestras, maestros y demás personal podrían conocer de la existencia de hechos que constituyen algún ilícito en contra de ellos o que vulneren sus derechos, como maltrato o abuso infantil o tener conocimiento de casos de deserción escolar, por lo que resulta imperante que puedan denunciar antes las autoridades correspondientes.

Dijo que organizaciones como Save the Children y la Red por los Derechos de la Infancia han emitido alerta sobre la violencia contra infantes, debido a que entre 2021 y enero 2022 se cometieron 27 mil 772 delitos en contra de niñas, niños y adolescentes.

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Además, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México es el primer país del mundo en abuso sexual en contra de infantes por lo que cada año 5.4 millones son víctimas.

Bujanda Ríos, explicó que existen otros derechos vulnerados como lo es el derecho a la educación. Se tiene conocimiento que debido a la pandemia, niñas, niños y jóvenes de entre 3 y 29 años abandonaron sus estudios, de los cuales 3 millones pertenecen a educación básica.

“Es tarea de todas y todos velar porque las niñas, niños y adolescentes estén seguros, no importa si somos autoridades, padres de familia, vecinos o empresarios. Es nuestro deber protegerlos y en su caso ante alguna posible afectación a su bienestar, hacer lo conducente y denunciar ante las autoridades”, finalizó la legisladora.

La presidenta del Congreso del Estado, Georgina Bujanda Ríos, presentó una iniciativa para que las autoridades educativas den cuenta a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado cuando estos sean víctimas de algún delito como violencia sexual y/o familiar o cuando pudieran vulnerarse sus derechos.

“Garantizar el bienestar de las infancias, debe de ser prioridad para los gobiernos en turno, procurando asegurar que sus necesidades básicas estén satisfechas, así como resguardar su integridad y seguridad”, externó la titular del Legislativo.

La presidenta del Congreso dio a conocer que por semana, los infantes pasan aproximadamente 30 horas en instituciones académicas, por lo cual maestras, maestros y demás personal podrían conocer de la existencia de hechos que constituyen algún ilícito en contra de ellos o que vulneren sus derechos, como maltrato o abuso infantil o tener conocimiento de casos de deserción escolar, por lo que resulta imperante que puedan denunciar antes las autoridades correspondientes.

Dijo que organizaciones como Save the Children y la Red por los Derechos de la Infancia han emitido alerta sobre la violencia contra infantes, debido a que entre 2021 y enero 2022 se cometieron 27 mil 772 delitos en contra de niñas, niños y adolescentes.

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Además, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México es el primer país del mundo en abuso sexual en contra de infantes por lo que cada año 5.4 millones son víctimas.

Bujanda Ríos, explicó que existen otros derechos vulnerados como lo es el derecho a la educación. Se tiene conocimiento que debido a la pandemia, niñas, niños y jóvenes de entre 3 y 29 años abandonaron sus estudios, de los cuales 3 millones pertenecen a educación básica.

“Es tarea de todas y todos velar porque las niñas, niños y adolescentes estén seguros, no importa si somos autoridades, padres de familia, vecinos o empresarios. Es nuestro deber protegerlos y en su caso ante alguna posible afectación a su bienestar, hacer lo conducente y denunciar ante las autoridades”, finalizó la legisladora.

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