El Congreso del Estado aprobó promover los medios de control constitucional necesarios en contra del decreto federal con el que se validó el Plan B de la Reforma Electoral; igualmente, se facultó a la Secretaría de Asuntos Legislativos para efectuar dichos trámites y darle seguimiento al caso. De esa manera, Chihuahua es la primera entidad en emitir acciones jurídicas por este tema.
Con 17 votos a favor y 9 en contra, los legisladores posibilitaron acceder a diversas acciones legales, específicamente a una controversia constitucional, la cual se presentará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el principal propósito de combatir el Plan B y continuar con la defensa de la democracia.
El promovente del punto de acuerdo, Francisco Sánchez explicó que, con el Plan B se vulnera la competencia que tienen los Congresos locales; pues es únicamente a través del constituyente, en donde participan todas las entidades federativas, por el cual se puede reformar la Constitución de una manera orgánica.
El presidente de la República, al haber acudido a las leyes secundarias con dicho Plan B, violó las facultades que tiene el poder legislativo de cada entidad quitándole la oportunidad de participar en algo que es de su competencia, por lo que se vuelve inconstitucional.
El emecista detalló que el Plan B contempla un artículo transitorio que recae sobre los Congresos locales para que se adecúe la normativa estatal a lo que establece la reforma electoral; sin embargo, eso sucederá únicamente si las leyes se mantienen vigentes; empero, el congresista confía en que se va a dar una suspensión de dicha reforma.
Sin embargo, en el supuesto de que se mantenga vigente, dijo que se debe privilegiar el orden constitucional a través de un proceso de armonización de la ley local con la ley federal en donde se privilegie el orden constitucional.
Previo a ser aprobada la proposición, los legisladores protagonizaron un largo debate en el que Morena reiteró que el INE sí debe tocarse y modificarse, principalmente para acabar con la “burocracia dorada”, pues recordaron que únicamente 11 personas le cuestan al pueblo lo relativo a 4 mil 938 maestros de media superior.
Igualmente, señalaron que lo que se quiere por parte de los que están en contra del Plan B es mantener los privilegios de unos cuantos, por lo que los morenistas llamaron a apostarle a una política de puertas abiertas y de transparencia.
Por su parte, el panista Alfredo Chávez mencionó que esta es otra de las posibilidades legales que tienen las entidades de revertir el Plan B y es significativo el hecho de que sea Chihuahua el primer Estado en ejercer estas acciones, pues subrayó que siempre se ha destacado por defender la democracia.