A través de una serie de reformas planteadas ante el Congreso del Estado, las cuales pretenden modificar la Constitución Política, el Código Penal, la Ley de Asentamientos Humanos, la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y la Ley de Fiscalización Superior, todas del Estado de Chihuahua, es como la diputada por Morena, Brenda Ríos busca combatir la corrupción inmobiliaria.
La representante del Grupo Parlamentario de Morena, en primera instancia propone que se adhiera un párrafo a la Constitución local en donde se establezca que toda persona tendrá derecho a la propiedad inmobiliaria, así como a una vivienda digna y decorosa.
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Aunado a eso, también se pretende conceder el derecho a “la reparación del daño cuando la misma cuente con daños estructurales o vicios ocultos. El Estado garantizará los derechos compradores de dichas propiedades para evitar la especulación y corrupción inmobiliaria respetando los derechos y límites previstos en la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
De la misma manera, se sugiere incorporar el capítulo de Corrupción Inmobiliaria en el Código Penal del Estado, en el que se establecería una pena de diez a veinte años de prisión y una multa equivalente a la valuación de las construcciones que se permitieron o toleraron.
La pena se aumentará en una mitad cuando las conductas previstas sean cometidas por un servidor público con puestos directivos o de elección popular, su cónyuge, descendientes o ascendientes, parientes o afinidad hasta el cuarto grado o cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos.
Por otra parte, en las modificaciones a las diferentes leyes que se proponen se encuentra la creación de un Fondo de Garantías para la Calidad de la Vivienda, con el que se busca que se reparen los daños ocasionados a los dueños de las viviendas que hayan sido entregadas por las desarrolladoras con muestras evidentes en la calidad de la construcción o con vicios ocultos.
En su exposición de motivos, la legisladora refirió que se han identificado patrones que reflejan un abuso de poder público y una permisividad en prácticas de construcción irregulares; “todo esto se ha permitido bajo la excusa de que la ley lo permite, lo que no solo es injusto, sino también ilegal”.
Es por esto que, con dicha iniciativa, se busca tipificar como delito estas malas prácticas y acabar con esas acciones que siguen generando daños no solo materiales, sino de toda índole en las familias que con esfuerzo logran adquirir una vivienda.
