La diputada de la bancada del PAN, Isela Martínez Díaz, propuso este día en sesión elevar a rango constitucional el Instituto de Asistencia Jurídica del Estado, para integrar un sistema de servicio profesional de carrera de las personas defensoras públicas.
Detalló la legisladora que sostuvo una reunión con personal de la Defensoría Pública del Estado, en la cual manifestaron la problemática que enfrentan en cuanto a la permanencia laboral, ya que después de recibir la capacitación necesaria para desempeñar su trabajo, existen cambios constantes de personal o migran a otros puestos, lo que significa contratar nuevas personas y capacitarlas.
Asimismo dijo Martínez Díaz que los defensores públicos reciben altas cargas de trabajo, lo que provoca un desgaste en su desempeño y afecta el acceso a la justicia de sus defendidos, a lo que se suman los bajos salarios y las pocas oportunidades de crecimiento dentro de la institución, factores que ocasionan el eventual abandono de estos puestos.
La deserción de personal capacitado es preocupante, por lo que hizo hincapié en la necesidad de elevar a rango constitucional la figura del servicio profesional de carrera en esta noble institución, para consolidar los servicios de defensoría en favor de la ciudadanía.
Esta modificación legislativa permitirá garantizar la igualdad de oportunidades laborales, ascensos, permanencia, capacitación y estabilidad a través de los méritos y capacidades demostradas durante su trabajo.
Agregó la congresista que esta dependencia fue creada para brindar apoyo a la ciudadanía que no cuenta o no con recursos para realizar el pago de asesoría y representación jurídica, lo que representa un derecho humano, bajo los principios de gratuidad, probidad, honradez y profesionalismo.
La defensoría pública es un órgano técnico desconcentrado dependiente del Tribunal Superior de Justicia, independiente en el ejercicio de sus funciones, encargado de garantizar la defensa pública en materia penal, así como en materia administrativa y civil.