En Chihuahua, el enfoque punitivista en los procesos de justicia ha perpetuado las desigualdades, afectando de manera particular a las mujeres en reclusión. La mayoría de ellas han sido condenadas de forma desproporcionada, sin haber contado con un debido proceso ni una defensa adecuada. Estas mujeres, no obstante, podrían ser beneficiadas con un indulto.
"El indulto también es justicia y hay que mirar la violencia estructural que se ejerce contra las mujeres y las mantiene en prisión", enfatizó Ruth Fierro Pineda, directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres.
Con este enfoque, el foro "Mujeres en reclusión: el indulto desde la justicia humanitaria", organizado por el Centro de Atención a la Mujer Trabajadora y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, busca abrir el diálogo sobre cómo el indulto puede ser una herramienta humanitaria que considere la vulnerabilidad y la injusticia en la criminalización de muchas de estas mujeres.
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Las reformas legislativas pueden transformar la vida de estas mujeres al permitir la revisión de cada caso y su contexto, entendiendo las circunstancias que las llevaron a cometer delitos. En este sentido, se propone una reforma legal que otorgue indultos con enfoque de derechos humanos.
Esta reforma busca ofrecer una oportunidad de indulto para quienes presenten circunstancias personales excepcionales, basándose en la reinserción social, la humanidad y la compasión.
El foro, realizado en el Mezzanine de la Torre Legislativa, contó con un mensaje de bienvenida en video de Martha González Rentería, coordinadora del Centro de Atención a la Mujer Trabajadora, quien invitó a reflexionar sobre la situación de las mujeres indígenas que han sido encarceladas a pesar de que el delito que cometieron fue en defensa propia.
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En su intervención, la diputada Nancy Janeth Frías Díaz, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, destacó que las mujeres en reclusión enfrentan procesos penales injustos, una realidad que, lamentablemente, ha sido invisibilizada.
“Que el indulto sea una posibilidad de resurgir para dar lo mejor de sí”
En México más de 12 mil mujeres se encuentran privadas de la libertad, ellas representan 4.5%, su situación es vulnerable y son criminalizadas. Los centros penitenciarios en México no están pensados en las mujeres y no responden a las necesidades específicas, lo que perpetúa su invisibilidad.
El 92 por ciento no contaba con antecedentes penales y el 27 por ciento tardó más de dos años en obtener una sentencia. Muchas de estas mujeres son madres y sus hijos no cuentan con las condiciones adecuadas para un desarrollo digno.
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“Esto nos permite plantear un cambio necesario en la legislación y transformar las desigualdades para avanzar hacia una justicia digna, humana y equitativa para todas las mujeres”.
En su intervención, el diputado Francisco Sánchez, presidente de la Comisión de Justicia en el Congreso del Estado, resaltó que se analiza el tema bajo un componente humano.
Resaltó que el indulto debe representar dignidad, que signifique empatía y una cuenta saldada antes de tiempo, que otorgue la sororidad manifiesta y redención. “Que el indulto sea una posibilidad de resurgir para dar lo mejor de sí”. Se comprometió a impulsar el análisis de la figura para promover una reforma a esta figura que está pensada en un esquema y modelo punitivo.
A su vez, la subsecretaría de Normatividad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno, Sara Cárdenas Fernández se congratuló de la iniciativa debido a que las mujeres enfrentan varias violencias.
Finalmente, la presidenta del Congreso, Elizabeth Guzmán Arrieta se comprometió a que el tema será analizado para que el indulto sea una posibilidad para las mujeres en Chihuahua.
Los legisladores de las diversas fracciones parlamentarias mostraron su interés en abordar estos casos con una mirada integral, que incorpore la perspectiva de género y la justicia humanitaria.
¿A quiénes se aplicaría el indulto con enfoque de derechos humanos?
Actualmente existen personas que, dentro de una política penitenciaria con perspectiva de derechos humanos, podrían ser merecedoras de un indulto, independientemente del delito por el cual fueron condenadas.
El estado de Chihuahua ocupa el sexto lugar a nivel nacional en cuanto al número de mujeres en situación de prisión. En el centro penitenciario de Juárez hay 293 mujeres y en el Cereso Femenil de Aquiles Serdán son 181. Sólo 57 con condena de prisión.
Se busca que el indulto se aplique a las mujeres que se encuentran en condiciones especiales de vulnerabilidad o cuando haya sido violado el proceso penal que condujo a su condena, cuestionando la legitimidad de la sentencia.
El indulto es una decisión discrecional del Poder Ejecutivo que extingue la potestad punitiva y la ejecución de penas, pero no afecta aspectos como la reparación del daño, el decomiso de objetos relacionados al delito o la inhabilitación para cargos.
La propuesta de reforma a la legislación penal del estado de Chihuahua para facilitar su acceso a un indulto a mujeres con una enfermedad crónico degenerativa o padezca alguna discapacidad física o mental. Mujeres privadas en estado de gravidez, madres lactantes, con hijos menores de edad o personas dependientes de ellas, o madres cuidadoras de hijos dentro del centro penitenciario.
Además a adultas mayores de 65 años, mujeres miembros de comunidades indígenas o pueblos originarios, mujeres de origen extranjero que carezcan de recursos económicos o cuyas redes de apoyo se encuentren total o significativamente fuera del país, y mujeres víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos en su procesamiento penal.
¿Qué beneficios tendrían este tipo de indultos?
La abogada María Luisa Salazar Olvera, coordinadora del área de Delitos de Género del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, expuso que el indulto es un mecanismo legal para personas con sentencia condenatoria.
Recordó que hace una década se endurecieron los beneficios preliberacionales debido a la ola de violencia que se registró en la entidad, en estas restricciones se incluyó el indulto, sin importar el delito. El indulto en México es una figura excepcional, en Chihuahua no hay registros recientes.
De acuerdo a la información de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua había 57 mujeres bajo condena de prisión, la mayoría por delitos los cuales el código penal les restringe el acceso a la figura del indulto, pero se encuentran en particulares circunstancias. Dos terceras partes son madres menores de edad; una cuarta parte son adultas mayores; el mismo número son miembros de comunidades indígenas y una cantidad similar cuenta con alguna discapacidad. Todas están representadas por una defensa de oficio, lo que revela la dificultad económica que afrontan.
Resaltó que entre los beneficios está la reinserción social, humanidad y compasión, corrección de injusticias, reducción de la sobrepoblación carcelaria; flexibilidad en el sistema penal: garantizar el respeto de los derechos humanos y la congruencia de los principios de humanidad, justicia y derechos humanos.
Historias de mujeres sentenciadas que no deberían estar en prisión
En el foro se presentaron los relatos de tres mujeres que actualmente cumplen condena en el Cereso Femenil de Aquiles Serdán. Estos testimonios buscan sensibilizar a la sociedad sobre la dura realidad que enfrentan, mostrando una mirada más humana y empática hacia las historias que suelen ser ignoradas.
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Uno de los casos más impactantes es el de Eugenia Cervantes, una mujer indígena náhuatl que, junto con su esposo, ha trabajado como jornalera durante toda su vida. Han recorrido el país entero, cultivando la tierra de la que muchos se alimentan, pero pocos están dispuestos a trabajar. Durante esos largos viajes, siempre han llevado consigo a sus hijos y a su sobrina Esmeralda, a quien Eugenia amaba como si fuera su propia hija.
Siendo jornaleros duermen en albergues o casas de renta. Una noche, el esposo de Esmeralda llamó desesperado: Esmeralda estaba gravemente enferma. Sus gritos de dolor eran desgarradores, pero el albergue donde se encontraba Eugenia no les permitió salir por la noche debido a sus estrictas reglas. No pudieron acudir en su ayuda hasta las seis de la mañana. Cuando por fin llegaron, encontraron a Esmeralda desnuda de la cintura para abajo, envuelta en una cobija, como si su vida se hubiese marchitado en silencio. La encontraron muerta, destrozada por dentro.
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Tras el devastador suceso, Eugenia y su esposo se encargaron de los gastos funerarios y se despidieron de Esmeralda en medio del dolor. Apenas habían empezado a procesar su pérdida cuando la policía irrumpió en su vida. Fueron detenidos y maltratados, amenazados para que "dijeran la verdad". A Eugenia la chantajearon con la seguridad de sus hijos y, ante la presión, terminó cediendo y aceptando una culpa que no era suya.
Su mayor preocupación siempre ha sido su hija de 9 años, quien se quedó sola cuando Eugenia fue encarcelada. Hace un año que no ve a su abogado, la última vez fue en el juicio, cuando éste la convenció de declararse culpable para reducir su condena. Sin embargo, fue sentenciada a 20 años y apenas ha cumplido uno de ellos. Aprendió a hablar español dentro del penal, y ahora comprende que fue víctima de un juicio injusto. Eugenia podría ser una de las mujeres beneficiadas con el indulto.
