Patricia Ulate Bernal, presidenta de la Comisión Mujer, Familia e Igualdad de Género, del Ayuntamiento de Chihuahua presentó una iniciativa de reformas al Reglamento de Justicia Cívica y al Reglamento de Diversiones y Espectáculos, para que multe a quien cometa actos de denigración hacia la mujer en actos públicos con multas de hasta 12 mil UMAS, que se destinarían a instituciones que cuidan de las niñas, adolescentes y mujeres.
Lo anterior, al proponer que se considere como infracción el interpretar y reproducir contenidos musicales, videos, imágenes o cualquier otro similar que promuevan la violencia contra las mujeres y propicien su denigración, discriminación, marginación o exclusión, en los espectáculos públicos, artísticos o de variedad, en los cuales se requiera permiso de la autoridad municipal para su realización.
Así mismo propuso que los ingresos por las multas a que haya lugar derivadas de la misma, cuyo monto oscilaría entre 6 mil 500 a 12 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente, se destinen en su totalidad para apoyar las labores del Instituto Municipal de las Mujeres, incluyendo la operación del Refugio Confidencial de Protección a Mujeres, sus Hijas e Hijos, víctimas de violencia extrema.
Te puede interesar: Sentencian a 21 años de prisión a sujeto por violar a niño en un autobús de pasajeros
La regidora Ulate refirió que en 2015, el Ayuntamiento de Chihuahua aprobó sanciones a la interpretación y/o reproducción de contenidos musicales que hacen apología del delito o de los autores de hechos ilícitos en espectáculos públicos que requieren del permiso de la autoridad municipal.
“Otra de estas duras realidades motiva la iniciativa. Chihuahua es uno de los cinco municipios del Estado que cuenta en la actualidad con una Alerta de Género, declarada en virtud de los altos índices de violencia estructural hacia las mujeres”, afirmó la regidora Patricia Ulate.
Asimismo, mencionó, datos de la Unidad de Atención a la Violencia Familiar, UAVI, establecen que tan sólo en los doce meses del año pasado, se registraron más de 18 mil 700 llamadas de emergencia al 911 por violencia contra la mujer.
“Para nadie es desconocido que este tipo de violencia se expresa a través de diferentes tipos y va desde la violencia psicológica, hasta llegar a su expresión más extrema, que es el feminicidio. Tampoco resulta ajena la evidencia de que estas violencias, inician en conductas cotidianas de relación entre mujeres y hombres. Algunas de ellas socialmente naturalizadas a pesar de que llevan implícito el menosprecio hacia las mujeres”, expresó Paty Ulate.
Por ello, enfatizó, se vuelve necesario que en congruencia con las acciones y recursos que el Gobierno Municipal destina para hacer valer el derecho de las mujeres a gozar de una vida libre de violencia, se establezcan desde el H. Ayuntamiento, las restricciones de interpretación o reproducción de contenidos musicales que promuevan la violencia contra las mujeres y propicien su denigración, dentro de los espectáculos públicos, artísticos o de variedad, en los cuales se requiera permiso de la autoridad municipal para su realización.
“Como Ayuntamiento, y desde el gobierno municipal, tenemos la enorme responsabilidad de velar porque las personas que habitan en nuestro municipio aprendan formas respetuosas de interacción. Debemos fomentar maneras de convivir en sociedad con absoluto respeto a la dignidad de mujeres y de hombres.
Una convivencia en condiciones de igualdad, exenta de comportamientos estereotipados de supremacía masculina o de conductas sexistas que colocan a las mujeres como seres inferiores”, enfatizó.
La iniciativa que contempla reformas y adiciones al Reglamento de Justicia Cívica y el Reglamento de Diversiones y Espectáculos Públicos ambos para el municipio de Chihuahua, fue presentada en Sesión de Cabildo, y es acorde a lo establecido en la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que mandata a los municipios expedir normas legales para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de conformidad con los tratados internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, ratificados por el Estado Mexicano.