El descarte de pruebas en contra de un feminicida es frustrante e indignante, aseguró Karen Olivas López, coordinadora operativa de Justicia para Nuestras Hijas, organización que brinda acompañamiento a la familia de María Araly Quiñónez Aranda.
La prueba de ADN era crucial para el veredicto del caso como un feminicidio y sin embargo, uno de los tres jueces que integran el Tribunal de Enjuiciamiento la desechó, en ellos se notó la falta de perspectiva de género y la perspectiva victimal, al determinar que la familia no tenía daño.
Para los juzgadores la vida de Araly costaba poco más de 600 mil pesos, que fue el monto para la reparación del daño impuesta a Jesús Eduardo.
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“Indigna que se haya invisibilizado la violencia psicológica y económica, se nota una falta de perspectiva de género en el caso, estaba el ADN y eso es tremendo”, comentó Karen, quien es parte del apoyo psicológico para la familia de Araly.
La tristeza inunda a la familia, porque incluso en el juicio se exime a Jesús Eduardo R. G. de culpa moral, es por ello que para la apelación se cuenta con nueve días, sin embargo, primero se consultará con la familia cómo proceder.
Para la coordinadora operativa de JPNH es increíble que a pesar de que México cuenta con muchas sentencias y recomendaciones por parte de la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no se dé un avance en los juzgados.
Recordó que entre las sentencias está la de Campo Algodonero, recomendaciones de Paloma Escobar Ledezma, casos emblemáticos como el Arroyo El Navajo.
“Los jueces siguen sin tener la perspectiva de género, porque no sólo le quitan el grado de feminicidio y lo dejan en homicidio simple, sino que lo absuelve de la culpa moral, porque el juez determinó que la familia de Araly tenía las herramientas suficientes para salir adelante”.
Los juzgadores decidieron otorgar una pena de 13 años con siete meses para el homicida, debido a que consideraron que la familia no ha sido señalada, no importó el dolor y el sufrimiento.
Karen destacó que la familia de Araly ha sido víctima de la sociedad, ya que los familiares del agresor emprendieron una campaña para justificar el homicidio, basándose en la desinformación porque incluso llegaron a afirmar que no había pruebas de ADN a través de un fluido.
Las muestras que estaban en el departamento de Araly pertenecen a Jesús Eduardo, tenían el mismo olor, color, consistencia y el mismo contenido, todo ello avalado por una perito especializada.
La defensa de Jesús Eduardo externó no estar de acuerdo con la sentencia, por lo que se espera que también realicen una apelación.
Karen adelantó que se trabaja en una estrategia para la capacitación de los juzgadores, ya que han notado que en varios casos hace falta la perspectiva de género.