El abogado defensor del exfiscal Francisco G. A., Iker Ibarrechea, dijo a esta redacción que la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutará su derecho de atracción con el caso, a solicitud de su defendido.
“La FGR, a partir de una solicitud que le hizo el Sr. Francisco G.A. para analizar su caso, decidió ejercer la facultad de atracción”, comentó.
Lo anterior, señaló el defensor, debido a ciertas irregularidades encontradas en el juicio, principalmente a que la fiscal que llevó el caso no es parte de una Fiscalía especializada en contra de la tortura como lo exige la ley, comentó.
“Estamos en espera de comparecer ante la FGR y el caso se tramite”, comentó e insistió en que el delito de tortura queda dentro del fuero federal, por lo que dicha autoridad está en todo su derecho de atraer el juicio.
“Ahora en lugar de verse en Chihuahua, y ante la Fiscalía Estatal, se verá en la Fiscalía General de la República, y ante un juez de la federación”, explicó el defensor.
Añadió que la FGR considera que éste es un caso de relevancia social importante y por eso ejerció esa facultad, por lo que están a la espera de que la autoridad federal les notifique del trámite y acudir a comparecer ante ella.
“Nuestras expectativas no han cambiado, son las mismas desde el principio: que se acredite por un juez que los hechos por los que se le denunció nunca existieron y el maestro no debe estar detenido y esa siempre ha sido nuestra expectativa”, comentó, así que, dijo que sin importar si el juicio lo lleva la autoridad estatal o la federal, “siempre hemos tenido la confianza de que lo absolverán”.
Lo anterior, luego de que una jueza estatal ordenara prisión preventiva al imputado y se le acusara del delito de tortura en contra de una persona, y para lo cual atestiguaron 5 personas a las que se les aplicó el Protocolo de Estambul; esto, pues eran funcionarios públicos del gobierno duartista y alegaban, el ex fiscal Francisco G.A. los torturó psicológica y emocionalmente para sacarles información.
La defensa del ex funcionario ha negado rotundamente los hechos y aseguran que es una vendetta política por parte del gobierno actual, contra quienes denunciaron la corrupción del gobierno duartista.