Luego de que un ministro de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, pretende proponer inconstitucional la pena de 30 a 70 años de prisión a extorsionadores en el estado, de quedar firme esta modificación, podría impactar en 66 personas que han sido sentenciadas por este delito dentro de la entidad.
Lo anterior, luego de que el próximo miércoles el Ministro Juan Luis González Alcántara, presentará un proyecto en el que considera que esta pena debe ser modificada por ser desproporcional, ya que considera elevado el número de años que una persona debe estar dentro de prisión por el delito de extorsión.
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Sin embargo, el delito de extorsión en el estado de Chihuahua, fue uno de los delitos que afectó en gran parte a la ciudadanía entre el periodo del 2010, que fue cuando se incrementó la pena para este tipo de delitos, que gradualmente redujo la estadística hasta tener uno o dos casos al año, según la información comprendida por la Fiscalía General del Estado.
En la Fiscalía de Distrito Zona Centro, tiene un registro que de lo que va de enero a abril se han generado 7 vinculaciones a proceso por este delito, se han dictado dos sentencias condenatorias y en esos cuatro meses del presente año, también se han detenido a nueve personas por haber cometido estos hechos.
Incluso la misma corporación es la única en todo el país, que se hace cargo de investigar y perseguir a extorsionadores y defraudadores, que operan en otros estados y que están afectado a ciudadanos chihuahuenses a través de nuevos métodos extorsivos que se han venido generando a través de los avances tecnológicos.
La base a las investigaciones realizadas por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos cometidos a Través de Medios Tecnológicos y Extorsión de la Fiscalía General, ha detectado que se han incrementado la comisión de delitos patrimoniales a través de Medios Tecnológicos como lo son la extorsión, fraude y robo en los últimos meses.
A través de los trabajos que ha realizado la corporación dentro y fuera del estado, han logrado la captura de más de cien imputados, detectando que el fraude telefónico se comete desde el interior de los penales de Guadalajara, Jalisco, aún y cuando la unidad ha logrado la detención mediante orden de aprehensión de diversos imputados en el estado de Jalisco, no se ha bajado el índice delictivo.
Parte de lo que ocasiona que los indicadores no se reduzcan, son todas las salidas alternas como lo es el acuerdo preparatorio, suspensión condicional y perdón, que permiten que los detenidos puedan quedar en libertad y volver a reincidir en el mismo modus operando.
Otro de los delitos que se detectan, es el que se comete a través de fraude y robo al momento de vaciar las cuentas a los usuarios de las instituciones bancarias, logrando hasta este momento la detención mediante orden de aprehensión de más de diez imputados en otros estados de la República como lo son Guanajuato, Sinaloa, Veracruz, Tabasco, Baja California Sur y Nuevo León, siendo este un problema social que actualmente aqueja a gran parte del ciudadanía a nivel nacional.
El daño ha generado incluso daño a instituciones gubernamentales citando uno de los casos el de Presidencia Municipal de ciudad Camargo, donde vaciaron la cuenta del municipio por un monto de más de once millones de pesos, siendo detenidas cuatro personas en los estados de Tabasco, Nuevo León y Veracruz, quedando vinculados por un Juez del Distrito Judicial Camargo el cual declinó la competencia a la Fiscalía General de la República por el delito innominado 113 bis de la Ley de Instituciones de Crédito.
De igual forma existen las salidas alternas, que es uno de los factores principales para que la incidencia criminal continúe ya que en la mayoría de los asuntos aún y cuando se les impone la medida cautelar de prisión preventiva por un lapso no mayor a un año, dichas causas penales terminan su proceso mediante un acuerdo reparatorio y/o suspensión condicional por ser procedente conforme a derecho, motivo por el cual los imputados obtienen su libertad inmediata.
En la estrategias para combatir la extorsión, la Fiscalía General del Estado, logró detectar que del interior del penal de Altamira, Tamaulipas se está cometiendo el delito de Extorsión vía telefónica conocido como “Secuestro Virtual”, que generó la captura de 15 imputados, los cuales fueron trasladados a esta ciudad, imponiéndoseles como medida cautelar la de prisión preventiva, logrando sentenciarlos en juicio oral en el mes de noviembre del 2020 donde se impuso un pena de 22 años seis meses de prisión.
A raíz de estas penas a la fecha, ya no se cuenta con denuncias por hechos de la misma naturaleza, bajando en un 100% la incidencia delictiva en este modus operandi, además de que la Fiscalía General del Estado, cuenta con la única unidad que en todo el país en combatir este tipo de ilícitos y capturas en otras entidad por estos hechos.
En la reforma publicado en el Decreto No. 597-2014, Se modifica la denominación del Capítulo II del Título Décimo Segundo; se adicionó un tercer párrafo al artículo 127; al Título Décimo Segundo, los Capítulos III y IV, así como los artículos 204 Bis y 204 Ter y se deroga el segundo párrafo y sus incisos a) al c) del artículo 204; del Título Décimo Cuarto, el Capítulo VIII y el artículo 231; todos del Código Penal del Estado de Chihuahua.
Con esos cambios se incrementaron las penas para aquellas personas que cometan, lesionen o maten a través de una extorsión, para que los presuntos responsables puedan ser detenidos por 30 o más años.
