Tal como lo dio a conocer previo a la votación del dictamen respecto a las penas por el delito de extorsión, la presidente del Congreso del Estado, Adriana Terrazas, subrayó que el principal objetivo de reformar el Código Penal del Estado fue impedir que más de 160 personas sentenciadas quedaran en libertad.
Y es que, al declarar la Suprema Corte de Justicia de la Nación inconstitucional el hecho de que Chihuahua tuviera penas superiores a las del resto del país en materia de extorsión, las personas que se encuentran sentenciadas estaban interponiendo amparos.
Por tal motivo, la acción más inmediata y efectiva para evitar eso, fue reformar el Código Penal y dejarlo tal cual se aprobó el pasado martes. De esa manera, se puso un “candado” a los más de 160 sentenciados de Ciudad Juárez para que no logren evadir la justicia.
Por otra parte, destacó que, para lograr este objetivo, se tuvo un trabajo en conjunto entre el Congreso del Estado, el Supremo Tribunal de Justicia, la Secretaría General del Gobierno, la Fiscalía General del Estado y FICOSEC.
Explicó que, de no modificar la ley, se corría igualmente el riesgo de que fuera jurisprudencia; es decir, que esa resolución interviniera en sentencias posteriores.
Detalló que ya enviaron al poder ejecutivo el dictamen aprobado, por lo que esperan que se publique en el Periódico Oficial del Estado este próximo sábado y así, pueda entrar en vigor al día siguiente.
Es preciso detallar que, el ministro Alcántara Carrancá reconoció que uno de los motivos por los cuales se implementó anteriormente una pena de 30 a 70 años para el delito de extorsión era el de disminuir la incidencia de los mismos; empero, igualmente aseveró que no se puede llegar a los extremos en los castigos que se interponen.
De tal manera, al ser totalmente desproporcional con las penas a nivel nacional, fue que determinaron como inconstitucional ese apartado.