Luego de haber presentado un oficio en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), tres de las trabajadoras que fueron despedidas sin justificación de la Delegación del Bienestar arribaron al Congreso del Estado a fin de solicitar apoyo por parte de este poder para solucionar la problemática por la que atraviesan.
Debido a que la presidente del Congreso del Estado, Adriana Terrazas, se encontraba en sesión de la Diputación Permanente, la asesora de la misma, Elisama Núñez García, fue quien recibió a las afectadas, así como el documento en el cual narran la manera en la que se dieron los hechos.
Núñez García les garantizó que el oficio se le entregará a la legisladora a fin de que busque alternativas para resolver su caso, a través de vías externas como el diálogo con el delegado, Juan Carlos Loera, dado que a través de su cargo no tiene facultad para resolver la situación; empero, se comprometió a darle seguimiento.
Es preciso mencionar que este oficio lo presentaron a nombre de los 60 perjudicados de la ciudad, pues hay otro más de otros municipios, quienes fueron despedidos injustificadamente y notificados de dicha situación a través de WhatsApp el 1 de julio del presente año.
Otra parte de los afectados permaneció a las afueras de las instalaciones de la Delegación del Bienestar, ubicadas en la avenida Ocampo, lugar en donde mantienen una manifestación ante la falta de atención y respuesta por parte de las autoridades pertinentes.
Durante la reunión, la asesora de la congresista les hizo diversos cuestionamientos para conocer más a detalle la situación y ver el abanico de posibilidades que se tiene para poder ayudarlas.
Las afectadas detallaron que sostuvieron una reunión vía Zoom con Loera De La Rosa en días pasados en donde este les comentó que estaba impedido para apoyarlas, además de su desconocimiento sobre el despido, ya que aseguró que tampoco a él le notificaron respecto a esta situación.
En cuanto a las personas que les avisaron sobre su despido, explicaron que fue de teléfonos con lada de Chihuahua, pero que no conocen. Las personas únicamente se identificaron como personal de recursos humanos, los cuales les dijeron que esa acción era por órdenes de la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel.
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Las afectadas reiteraron que son conscientes de que las dependencias de Gobierno del Estado no tienen competencia en el tema, pero su acercamiento con ellas es para que los volteen a ver y para solicitar asesoría legal y otro tipo de apoyo.
En cuanto al oficio entregado en la CEDH, compartieron que se comprometieron a que el titular, Néstor Armendáriz, las reciba en los próximos días; además, se replicará la petición a nivel nacional a fin de que tenga un mayor alcance y se les asegure la resolución favorable.
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