Luego de que el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Rubén Moreira Valdez, presentara la iniciativa de reforma constitucional en materia político-electoral, el dirigente estatal del Revolucionario Institucional, Alejandro Domínguez Domínguez, expresó que son planteamientos para ir aglutinando las diversas propuestas.
Indicó el presidente del CDE, que los partidos de Morena y el PAN, ya presentaron sus respectivas iniciativas, por lo que el PRI, hizo lo propio, por lo que en próximos meses se realizará el análisis y el debate de las diversas propuestas.
“Nosotros presentamos varias propuestas como la creación de la vicepresidencia de la república, fortalecimiento de las acciones contra el crimen organizado en las elecciones, segunda vuelta electoral, entre otros que se encuentran en el documento”, detalló el líder priísta.
Cabe mencionar que el líder de la bancada del PRI en San Lázaro, Moreira Valdez, señaló que la reforma electoral que promueve Morena es poco seria, además de que no abona a resolver los problemas en esta materia y que incluso atenta contra las instituciones, principalmente contra el Instituto Nacional Electoral (INE) y “no vamos a permitir la destrucción del árbitro electoral”.
El líder parlamentario subrayó que la reforma político-electoral tiene cuatro objetivos centrales: alcanzar una democracia más participativa, más ciudadana, más barata y en paz.
En ese sentido, apuntó que su propuesta se conforma de 10 ejes viables, con eco en las experiencias nacionales e internacionales, orientados a fortalecer la democracia, las instituciones y el sistema de partidos políticos:
Primero, se plantea reducir las diputaciones de 500 a 300; 150 de mayoría relativa y 150 de representación proporcional y se establecería límites para evitar la sobrerrepresentación como ocurre actualmente con Morena. Detalló que, al disminuir los distritos, se reducen también las juntas locales, lo que generaría un ahorro más de mil 730 millones de pesos.
En segundo lugar, se propone una segunda vuelta en la elección presidencial, tal como sucede en otras democracias.
El tercer eje establece la creación de la figura de Vicepresidencia de la República, su titular iría en la misma fórmula que el Presidente de la República y sería electo en el mismo término.
En el cuarto eje, se estipula una mayor libertad de expresión durante las campañas electorales de particulares y gobernantes, pero sin uso de recursos públicos.
El quinto eje, propone la reducción de hasta el 30 por ciento del financiamiento público a partidos políticos, llevados en porcentajes de 10 por ciento anual hasta llegar al límite y la ampliación del financiamiento ciudadano global.
En el sexto lugar, se busca el combate frontal a la injerencia del crimen organizado en los procesos electorales, con la creación de un sistema nacional de protección electoral, con un consejo integrado por el gabinete de seguridad, autoridades fiscales, la FGR, el INE y los gobernadores de los estados.
El séptimo eje, propone el voto electrónico en modalidad de urna electrónica, lo que abarataría los costos de las elecciones, facilitaría el flujo de información y resultados durante la jornada y mayor certidumbre en el conteo de votos.
El octavo sugiere la nacionalización plena de comicios federales y locales, a fin de consolidar la autonomía del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con un presupuesto de cálculo fijo, sin que pueda ser alterado por la Cámara de Diputados.
El noveno eje, estipula el fortalecimiento de nombramiento de consejeros electorales, en donde se mantiene el proceso actual de convocatoria, registro, conocimiento y evaluación de los aspirantes a este cargo. Sin embargo, indicó, se implementa un método de elección en la Cámara de Diputados. El Comité Técnico de Evaluación será el responsable de realizar ternas de aspirantes y la Junta de Coordinación Política se encargará de insacular a una persona de cada lista que serían los elegidos como consejeros electorales.
En el décimo eje, plantea el fortalecimiento de la autonomía y eficiencia de la justicia y del TEPJF, por ello, es preciso reconocer en la Constitución la existencia de un sistema integral de justicia electoral y de su legislación procesal y jurisprudencia por precedentes.
Asimismo, reforzar el cumplimiento obligatorio de las sentencias para tener certeza de que se está avanzando, reforzar los mecanismos de nombramientos y remoción del presidente de la Sala Superior y una defensoría pública electoral a nivel constitucional, establecer juicios en línea y el nombramiento de magistrados por insaculación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
