Ante la reciente aprobación de la Reforma Judicial en México, el doctor en Derecho Rodolfo Villalobos del Rosal, calificó como una medida impráctica y regresiva, que comprometerá gravemente la calidad del sistema de justicia en el país. Según Villalobos del Rosal, esta reforma plantea un riesgo significativo para el ejercicio pleno de las libertades económicas y sociales, al crear un entorno donde la falta de imparcialidad en el sistema judicial podría erosionar las garantías fundamentales que deben protegerse en un Estado de derecho y además, advirtió que las deficiencias estructurales introducidas por la reforma podrían agravar la desconfianza en las instituciones, debilitando el acceso a una justicia efectiva y equitativa.
Lo anterior, aseguró que genera una significativa inestabilidad en los mercados, pues es evidente que muchas empresas extranjeras evitarán invertir en México debido a la falta de certidumbre, toda vez que la ausencia de un poder judicial verdaderamente independiente merma la confianza en el sistema jurídico, al generar incertidumbre sobre cómo se resolverán las controversias. Esto impide que las compañías asuman el riesgo de capital en un entorno donde, ante un eventual conflicto, no existe garantía de que los órganos judiciales actúen con imparcialidad y competencia, ni de que sus decisiones estén basadas estrictamente en la normativa vigente y en su lugar puedan estar influenciadas por intereses políticos.
Con la Reforma, se advierte que todos los impartidores de justicia en el país serán sometidos a votación ciudadana en un proceso democrático, sin embargo, en esta elección, los ciudadanos deberán elegir entre más de 100 cargos, sin contar con información clara sobre los intereses, vínculos, experiencia o el currículum de cada uno de los candidatos.
“El diseño de la elección nos van a dar una especie de cuadernillo, o una lista con los nombres de todos los aspirantes a juez vamos a poner el nombre de quien queramos que sea juez, evidentemente no lo vamos a conocer, a la gente no los va a buscar, no la realidad, o sea, veamos a la práctica, la gente no va a buscar ¿y a quién te va a poner en la lista?, al primero de la boleta o uno de los que le piden poner, eso va a pasar, entonces va a llegar gente que no tiene la preparación ni la experiencia para hacer juez ser juez, y va a comenzar a generarse un retraso en el sistema judicial".
Argumentó que las modificaciones en los procedimientos y la reorganización de las estructuras judiciales requieren tiempo para ser implementadas, durante este periodo de transición, es probable que se generen cuellos de botella en el sistema judicial, lo que retrasará aún más la resolución de casos y esto impactaría tanto en los procedimientos penales como civiles, afectando a miles de personas que buscan justicia diaria y es cuando podría llegar la justicia “propia”.
Otro de los puntos críticos es la preocupación sobre la posible disminución en la calidad de la impartición de justicia, pues la reforma establece cambios en la forma en que se designarán jueces y magistrados, lo que ha levantado sospechas sobre la independencia judicial. El temor es que la reforma favorezca un mayor control del poder ejecutivo sobre el sistema judicial, comprometiendo la imparcialidad de los jueces.
Este escenario podría resultar en la designación de jueces no por sus méritos o capacidad, sino por su cercanía o lealtad hacia quienes impulsan la reforma y aseguró que si esto sucede, la independencia judicial, uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia, se vería gravemente afectada. La falta de jueces independientes podría llevar a fallos que no respondan a la justicia ni a la ley, sino a intereses políticos o económicos.
El abogado Rodolfo Villalobos señala que, aunque los jueces en funciones puedan contender para reelegirse, enfrentan un clima de descrédito, pues se les ha acusado, sin pruebas sólidas, de corrupción e ineptitud, lo que dificultará su reelección y esta desconfianza hacia los jueces actuales no solo afecta su imagen pública, sino que podría llevar a una remoción masiva y a la entrada de jueces sin la experiencia ni la formación necesarias.
El abogado también expresa su preocupación por la curva de aprendizaje de los nuevos jueces, ya que la sustitución repentina de los jueces actuales ralentizaría significativamente la resolución de los casos, como lo ejemplifica con el caso de la Ministra Batres, quien, tras ocho meses en su cargo, no ha presentado un solo proyecto en el pleno debido a las complejidades del proceso judicial.
Otra consecuencia que menciona Villalobos es la fuga de personal dentro del poder judicial. Al entrar jueces nuevos, estos podrían rodearse de personal afín, lo que podría generar la salida de aquellos que trabajaban con los jueces anteriores, ya sea por decisión propia o por imposición de los nuevos funcionarios.
Un aspecto técnico que preocupa a Villalobos es la logística del proceso electoral, pues según sus cálculos, en Chihuahua, por ejemplo, se necesitarían más de 100 candidatos por jurisdicción para los jueces locales, magistrados y federales. A nivel nacional, el número sería desproporcionadamente alto, lo que haría inviable que los ciudadanos conozcan o estudien los perfiles de cada candidato. Además, no existirán campañas políticas como tal, ya que todos los candidatos deberán depender de los tiempos oficiales de radio y televisión para exponer sus propuestas y debido al número de participantes y propuestas serían repetitivos.
El Abogado Constitucionalista, subraya que el nuevo sistema de selección de jueces no resolvería los problemas que se le atribuyen al poder judicial, como la supuesta corrupción. Al contrario, podría empeorarlos al politizar la elección de jueces, lo que abriría la puerta a influencias externas, incluyendo grupos de poder con intereses particulares, como el crimen organizado.
Por lo que además advierte que un poder judicial débil, politizado y sin independencia impactará negativamente la inversión y el desarrollo del país. Las empresas no podrán confiar en un sistema judicial imparcial y técnico, lo que llevará a una disminución de la inversión extranjera y un detrimento en la protección de derechos fundamentales, como el derecho a la propiedad privada.
“La verdad es una burla, es una es de vergüenza lo que hicieron los legisladores, sin embargo de una manera u otra se permitió que esto pasara en función de esa votación que les permitió llegar, aquí lo que falló fue el control político en el sentido de que los ciudadanos lo permitimos falló nuestro deber ciudadano de realmente valorar de escuchar y ejercerlos nuestro voto responsable con la finalidad de no darle al poder, el ganar, no van a tener que someter sus decisiones al control de una de un agente tercero imparcial” aseguró.
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Saber que va a poder actuar (el ejecutivo) sin que nadie lo detecte entonces eso es lo que gana, el ser libre lo que hagan no va a ser sujeto al control, el ciudadano que se queje va a perder entonces es darle de nuevo el poder absoluto para implantar pues su forma de pensar su visión de país a pesar de que quizá haya gente con el que no esté de acuerdo con esa visión de país.
Aseguró sobre el riesgo de nuevo de que el poder absoluto, se convierta al modelo gubernamental en un esquema de carácter autocrático, en lugar de tener un modelo de carácter republicano o democrático, sino que se convierte en el país de un solo hombre o de un solo grupo de personas "a los que digan eso no puede pasar, pues, podemos voltear a ver Cuba, Venezuela, China, Corea del Norte, Bolivia, Nicaragua que pensaron lo mismo".
