El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Domínguez, externó su postura respecto a la Reforma Judicial que se tiene sobre el análisis a nivel federal, así como del paro que han emprendido los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF).
El legislador electo subrayó que esta reforma debe “ir encaminada a una reforma de justicia; es decir, en beneficio de los justiciables, pues actualmente no se tiene ese propósito”. Además, lamentó que no se estén considerando otras opiniones y se quiera sacar el dictamen en estos últimos días de la legislatura para en septiembre poder discutirlo y aprobarlo.
Acusó que la iniciativa planteada está sufriendo de diversas variaciones sin previo aviso y las cuales son preocupantes, pues en un inicio de planteaba únicamente la elección por votación, mientras que ahora se agrega la tómbola. Asimismo, ahora se abarca la elección de ministros, magistrados y jueces.
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Insistió en que la propuesta está mal enfocada, toda vez que no tiene como propósito garantizar justicia, lo cual se demuestra al no observar la intención de acortamiento de plazos, de un mecanismo de solución de los procesos civiles, penales, familiares o mercantiles, ni la solución de problemas del orden jurisdiccional que se presentan en los poderes locales.
Ante esta situación, adelantó que en el PRI se está haciendo un análisis técnico para dar la batalla de esa manera, así como plantear un ajuste presupuestal respecto a los excesos que se tienen en el poder judicial y poder mostrar una iniciativa alterna.
“Que sea en beneficio de la justicia, que no sea una reforma que sea para vengarse, una reforma vengativa como la que se está planteando”, externó reconociendo que al Revolucionario Institucional no le alcanzan los votos para detener la reforma, pero “sí nos puede alcanzar la narrativa, la discusión, la argumentación suficiente para que pueda tener un matiz distinto”.
Respecto al paro de labores en el poder judicial destacó que es algo “inédito”, pero responde a la vulneración de derechos que se está dando de los trabajadores y de la ciudadanía misma al ser en contra de los ministros y jueces y no en favor de la justicia y de la sociedad.