En un análisis sobre los acontecimientos recientes en torno a la Reforma Judicial y la controvertida "Ley Antiamparo", Rodolfo Villalobos del Rosal, Doctor en Derecho y catedrático de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh) advirtió que el país enfrenta tiempos “inéditos” que amenazan con convertirse en una profunda crisis constitucional, ya que esta situación se traduce en una erosión del valor de la Constitución, porque las garantías y principios fundamentales están quedando relegados, sin que su autoridad prevalezca más allá del papel en que está escrita.
También subraya que la "Ley Antiamparo" plantea graves preocupaciones, al limitar el acceso de los ciudadanos a instrumentos legales que históricamente han sido la última defensa contra abusos y decisiones cuestionables del Estado. Con esta ley, sostiene que el sistema judicial se enfrenta a un posible retroceso en términos de protección de los derechos humanos y las libertades individuales. “La situación es aún más compleja si se considera el impacto a largo plazo sobre la estructura de pesos y contrapesos dentro del gobierno, un aspecto fundamental para cualquier democracia”.
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El catedrático explica que estas medidas (ley antiamparo) están diseñadas para blindar las reformas constitucionales de cualquier tipo de impugnación, cerrando así todas las vías de acción contra su procedimiento y contenido, toda vez que la modificación establece que no existe ya ninguna instancia para controvertir estas decisiones, eliminando los amparos como herramienta de defensa y, en consecuencia, debilitando la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
También advirtió que la única alternativa restante para los afectados será recurrir a tribunales internacionales, lo cual tiene consecuencias complejas en términos de relaciones exteriores, economía y política, pues las reformas inevitablemente llegarán a instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde es probable que se determine que estas normas violan tratados internacionales sobre derechos humanos, especialmente en áreas clave de impartición de justicia. Este tipo de fallos podrían forzar al Estado mexicano a no solo indemnizar a los afectados, sino también a revertir las reformas. Sin embargo, si México optara por desoír estas sentencias, el país se expondría a sanciones comerciales y restricciones de crédito a nivel internacional.
“La falta de certeza jurídica no sólo afecta a los jueces, sino que también podría desincentivar la inversión extranjera. Los inversionistas buscan estabilidad y previsibilidad en el cumplimiento de las leyes; por tanto, la inestabilidad del sistema judicial podría hacerlos reacios a invertir en un país donde las sentencias no son respetadas. Además, la reforma judicial podría generar tensiones con Estados Unidos, ya que algunos sectores consideran que contraviene el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), lo cual podría desencadenar controversias y revisiones que podrían comprometer futuras inversiones extranjeras”, explicó.
El abogado comentó que la reforma judicial y el proyecto denominado “antiamparo” también plantean un conflicto en términos de interpretación constitucional, pues desde la perspectiva estrictamente legal, Villalobos señala que el marco constitucional mexicano permite la modificación de todos los elementos de la Constitución, siempre y cuando se cumpla con el procedimiento de aprobación legislativa por una mayoría de dos tercios en ambas cámaras y con la ratificación de la mayoría de las legislaturas estatales, lo cual podría quedar descartado con estas reformas que se han aprobado en el Senado de la República.
Para el Dr. Villalobos, la situación es de alta incertidumbre. La posibilidad de que se ignore la independencia del Poder Judicial y que se limite el acceso a los mecanismos de defensa constitucional podría alterar profundamente el orden jurídico mexicano. Esto no sólo afecta a la ciudadanía, sino que podría tener consecuencias graves en la confianza de inversionistas nacionales e internacionales y en la percepción global de México como un país que respeta el Estado de derecho
Rodolfo Villalobos del Rosal comparte que la verdadera intención detrás de estas modificaciones no es mejorar la impartición de justicia, sino someter al poder judicial al control político y eliminar cualquier contrapeso efectivo. Incluso se llega a estigmatizar a los actuales jueces y magistrados para que, en caso de buscar reelección, los ciudadanos los perciban como corruptos y no voten por ellos.
El impacto de estas reformas, enfatiza Villalobos, podría ser devastador para la justicia y la estabilidad democrática en el país. Al debilitar al poder judicial, se abre la puerta para que, en el futuro, los derechos ciudadanos también queden desprotegidos.
