El presidente del Consejo Estatal de Agricultura, Alfonso Lechuga de la Peña manifestó sobre el convenio firmado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, referente a la regularización de autos de procedencia extranjera, que a largo plazo, debilitaría al país en competitividad, además de que la medida equivaldría a premiar la ilegalidad y el contrabando, en la forma de operar para ingresar este tipo de vehículos a México.
“Es una medida que atenta contra lo que estamos pidiendo como sector privado, a gran escala, porque se puede decir que están a favor de los que menos tienen, pero a la larga, es una balanza para el país, que pierde competitividad, premia la ilegalidad y el contrabando, que son preceptos que esta administración ha tratado de combatir, pero creemos que esa no es la manera adecuada”, aseveró.
Sobre los argumentos para la regularización, mencionó que el convenio se podría malinterpretar en el sentido de que es una estrategia para apoyar a los que menos tienen, porque son las personas que pueden tener acceso a un automóvil de estas características, por ser más económicos. Muchas veces se relaciona ese aspecto con personas de menos recursos económicos, y que no tienen la posibilidad de acceder a un automóvil nacional ya sea usado y mucho menos de agencia.
“Hay que poner en una balanza el tema del origen de estos automóviles, que son de contrabando, entonces, se está premiando el contrabando. Al hacer un movimiento de este tipo, aunque se dice que se está ayudando a la economía de los que menos tienen, a combatir la inseguridad, se está premiando el contrabando. Pudiera también crear una confusión al decir que esos recursos van a ir a los municipios, porque se habla que ahí se destinarían parte de estos ingresos; pero se estaría poniendo en riesgo nuevas inversiones, generación de empleos, entre otros aspectos”, afirmó.
Señaló que el crecimiento del parque vehicular estos automóviles en el país se ha ido al doble, se habla que en 2015 había alrededor de siete millones de vehículos ilegales, y ahora, en 2021, se habla alrededor de 20 millones de automóviles, y la gran mayoría, -por no decir todos-, vienen del contrabando.
Por otro lado, destacó que México es un país en el que la industria automotriz se produce de gran manera a nivel nacional, entonces, este convenio, representa un golpe a las empresas armadoras que dan empleo, porque se está generando una competencia desleal con estos automóviles.
“Hay que ponerlo en una balanza, y sobre todo hay que recordar que en gran medida, en muchos de estos vehículos son en los que se cometen los ilícitos. Probablemente se podría hacer una estrategia de tener un registro, un padrón, pero no de legalizarlos, al contrario, se debe combatir el contrabando de esos vehículos”, finalizó.