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Lograr la reinserción integral de los adolescentes se dificulta cuando pesa sobre ellos un señalamiento de cualquier índole a causa de un proceso penal, aseguró el magistrado Rogelio Guzmán Holguín, juez de la sala especializada en Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia.
Lo anterior al informar que tanto jueces, ministerios públicos, agentes policiales como medios de comunicación deben preservar información sensible que pueda revelar la identidad de los menores imputados por delitos comunes como de alto impacto, ello de acuerdo con las diversas leyes que los protegen.
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021 se registran 856 causas penales en la entidad contra menores por robo, narcomenudeo y violencia familiar, el magistrado resaltó que son contados los casos excepcionales, es decir, los de alto impacto, los cuales merecen un tratamiento distinto, como el chico que asesinó a su padrastro, madre y hermana en la capital o el de Juárez donde unos adolescentes terminaron con la vida de Rosita.
En 2020 se registraron 830 causas penales, sin embargo acotó que el encierro por la pandemia ha elevado el número de casos debido a que los adolescentes tuvieron que convivir con sus agresores, pues la mayoría de los adolescentes infractores viven en entornos adversos.
A la fecha un total de 28 adolescentes, de los cuales 22 son varones y 5 de ellos indígenas, se encuentran recluidos en el Cersai de Chihuahua, mientras que en el de Juárez son 65, de éstos 57 son varones y 3 de ellos pertenecen a una etnia indígena.
ADOLESCENTES INFRACTORES CRECEN EN ENTORNOS ADVERSOS
De 2015 a la fecha se pueden contar con una mano los hechos de alto impacto donde participan menores, señaló el magistrado.
Las causas que los llevan a delinquir son muy variadas, pero en general han crecido en entornos con altos factores criminógenos donde hay débiles factores protectores; el uso de sustancias psicoactivas; familias desintegradas sin un liderazgo claro, y en muchos casos al momento de cometer el delito no asistían regularmente a la escuela.
Señaló que en el uso de sustancias psicoactivas, casi el 99% las consume, tiene adicción problemática o, el grado más alto, la dependencia a esas sustancias.
Ante ello, el TSJ en Chihuahua cuenta con un modelo de justicia terapéutica. Siendo uno de los 5 estados en México en contar con Tribunal para el Tratamiento de Adicciones para Adultos y Adolescentes. Los otros estados son: Nuevo León, Morelos, Durango y Estado de México.
Actualmente son 4 adolescentes en Chihuahua y 5 en Juárez los que se encuentran bajo este modelo, además de 9 adultos. Este programa inició el 7 de noviembre de 2014 y desde entonces cuenta con 88 graduados, de éstos 30 son adolescentes.
REINSERCIÓN VS CASTIGO
Las medidas que se imponen a los adolescentes no tienen un fin punitivo, sino socioeducativo, son derechos adicionales que tiene cualquier adulto con problemas con la ley penal.
El magistrado señaló que la sociedad y algunos medios cuestionan el porqué se les da protección especial, porque son personas en proceso de desarrollo.
La medidas máximas de internamiento para los adolescentes que tengan 14 a menos de 16 años son 3 años; de 16 a menos de 18 son 5 años; la excepción a la regla de 3 años para el primer grupo son homicidio, violación tumultuaria, secuestro y delincuencia organizada.
El magistrado insistió en que el objetivo es la reinserción de los adolescentes, por lo que el Tribunal Superior de Justicia cuenta con tres comisiones en los municipios de Juárez, Cuauhtémoc y Chihuahua, donde se cuenta con jueces especializados en justicia para adolescentes.
En estas comisiones el poder Judicial trabaja de manera coordinada con asociaciones de la sociedad civil, así como dependencias como Seguridad Pública Municipal, Instituto Chihuahuense de las Mujeres, Instituto del Deporte, Cultura. A la fecha se tienen convenios con 7 ONG para brindar seguimiento a la reinserción.
El magistrado señaló que en los casos donde se trabaja con organizaciones no gubernamentales la reincidencia es del 3%, mientras que en los que no participa la sociedad civil se incrementa a 27%. En este indicador se incluye a los menores que reinciden dentro del sistema de adolescentes y a los que cometen delitos ya siendo adultos.
Finalizó diciendo que los adolescentes de 12 a 17 años merecen un trato diferenciado de un adulto debido a que se trata de personas en proceso de desarrollo; lo que se busca con ellos es su reinserción tras la medida sancionadora, por lo que la Ley respalda que no se den a conocer detalles sobre la identidad y la etapa por la que atraviesan en el proceso penal.
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