Ante el incremento de la violencia digital dentro de las nuevas tecnologías y la amplitud en el uso de las redes sociales, el diputado, Omar Bazán Flores, reiteró el llamado para sancionar esas conductas e implementar políticas públicas que permitan atacar esas prácticas de manera regional.
La violencia digital, explicó, puede ocurrir en cualquier momento y lugar, y sus efectos pueden persistir indefinidamente en la red. Se manifiesta en acoso, difamación, amenazas, extorsión que tienen consecuencias psicológicas y de otros tipos en las víctimas.
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Una de las formas más comunes de violencia digital es el ciberacoso, que implica el uso de medios digitales para hostigar, humillar o intimidar a una persona de manera repetida. Este acoso puede ocurrir en plataformas de redes sociales, foros, aplicaciones de mensajería y otros espacios en línea, y puede ser perpetrado por individuos conocidos o anónimos.
Por ello, el legislador recalcó lo indispensable que es plantear acciones de regulación y de prevención para evitar en la medida de lo posible este delito.
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El impacto de la violencia digital en las víctimas es profundo y multifacético. A nivel psicológico, las víctimas pueden experimentar ansiedad, depresión, estrés postraumático y otras afecciones mentales. El acoso y la difamación en línea pueden llevar a la pérdida de autoestima, aislamiento social e incluso, en casos extremos, al suicidio. Además, puede tener consecuencias tangibles, como la pérdida de empleo, el deterioro de relaciones personales y la exposición a riesgos físicos.
El entorno digital también presenta un desafío para la regulación y la aplicación de la ley. A diferencia de la violencia física, que se produce en un espacio y tiempo definidos, la violencia digital puede ocurrir en cualquier momento y lugar, y sus efectos pueden persistir indefinidamente en la red.
En el documento presentado, se propone que la violencia digital sea sancionada en la forma y términos que establezca el Código Penal para el Estado de Chihuahua y otorgue garantías a ciudadanas y ciudadanos, incluyendo a niñas, niños y adolescentes a no sufrir de esta.
Tanto las autoridades, como quienes ejerzan la patria potestad, tutela, guarda o custodia deberán tomar acciones para detectar y atender en forma integral aquellos casos en que se utilicen las tecnologías de la información y comunicación para agredir o vulnerar su dignidad, intimidad, libertad y vida privada.