La Jueza de control Amparo Pérez Barraza determinó como medida cautelar para el imputado Octavio L. G., la prisión preventiva por 12 meses a partir de su detención, luego de desarrollarse la continuación de la audiencia de formulación de cargos en su contra, como presunto responsable del delito de peculado, con penalidad agravada, contra el Gobierno del Estado de Chihuahua, por el monto de 15 millones de pesos.
Luego de escuchar los alegatos de los agentes del Ministerio Público, así como de la defensa del imputado, la jueza determinó la medida cautelar de prisión preventiva por 12 meses, plazo contado a partir de su detención, el 21 de octubre del 2022, mientras que se desahogan las pruebas y los alegatos del caso; asimismo, se determinó el jueves 27 de octubre, a las 9 de la mañana, como fecha para desarrollar la audiencia de vinculación de proceso.
Lo anterior, luego de que considerara que hay una presunción razonable de que el imputado presenta un riesgo para la sociedad y ello significa en su probable sustracción de la justicia, así como su falta de arraigo a esta capital, e incluso por la evidencia de que inició el trámite de la obtención de su visa para cruzar a Estados Unidos.
Fue el sábado cuando inició la audiencia de formulación de cargos contra Octavio L. G., a quien se le acusa del delito de peculado, bajo la causa penal 3029/2020, y que la Unidad de Análisis Financiero de la Fiscalía General del Estado, establece como un supuesto desvío de 15 millones de pesos que se realizó en contubernio con la persona moral Valles Baca Hermanos, empresa con la que supuestamente se firmó un convenio para simular la compra de 3 mil toneladas de semilla para la siembra de avena.
Los agentes del Ministerio Público solicitaron a la jueza Amparo Pérez Barraza, el imponer una medida cautelar de 2 años contra el ex funcionario Octavio L. G., argumentando que la gravedad de los delitos que se le imputan denotan el poder económico, político y social de un grupo con la capacidad de sustraerse de la causa penal en su contra.
Argumentaron los fiscales que en la ejecución de los supuestos delitos que se le imputan, se encuentran muestras de una clara intención de ocultar los hechos, pues en 2016, el supuesto responsable firmó el contrato con fecha de 2012, es decir, para que los documentos cuadraran en una línea temporal y ocultar la evidencia del supuesto delito: “esto hace que se encuadre en la hipótesis de que se falsificaron los documentos para ocultar el desvío de recursos”, comentó la fiscal.
Por lo anterior, se indicó que estos niveles de criminalidad económica y organizada, denotan la existencia de recursos humanos y financieros para obstaculizar un procedimiento penal, y judicial, así como para desvanecer evidencia probatoria, ocultarse, e incluso amedrentar a testigos para eludir su responsabilidad penal.
Por su parte, la defensa del imputado alegó que, aunque el imputado se trasladó a la ciudad de Xalapa, Veracruz, cuando terminó su cargo como Secretario de Desarrollo Rural, por haber sido nombrado en aquella ciudad como Delegado de la Sagarpa, él fue localizado por un actuario de la Secretaría de la Función Pública, quien le notificó que tenía en su contra diversos procesos de responsabilidad administrativa en dicha institución pública, por lo que alegó que “la Fiscalía no lo detectó porque no quiso, precisamente para solicitar la orden de aprehensión en su contra”.
El defensor indicó que el domicilio de su cliente, en la Avenida Insurgentes 3327, en donde, al momento en que la FGE lo buscó para emplazar a su cliente vivía con su esposa y sus hijos; agregó que actualmente, el imputado tiene comprobantes de que ha estado dando seguimiento a su estado de salud en esta ciudad, por lo que dijo que tiene arraigo en esta capital. Se alegó que el imputado padece de diversos padecimientos de salud, a los que atiende con médicos de esta capital y se reiteró su condición como adulto mayor al tener más de 70 años.
Por otro lado, indicó que al no considerar el MP la reparación del monto y al pedir la pena máxima de prisión preventiva como medida cautelar, ambos hechos son violatorios de la presunción de inocencia, puesto que se le da un tratamiento como culpable de los hechos que se le imputan, sin que el Supremo Tribunal haya emitido su resolución sobre ello.
La audiencia de formulación de cargos contra Octavio L. G., ex funcionario público que fungió como titular de la Secretaría de Desarrollo Rural para la administración 2010-2016, inició el sábado a las 7 de la tarde y se prolongó hasta la 1 de la madrugada, por lo que el domingo por la mañana se retomaron las actividades alrededor de las 10:40 am.
El ex servidor público, se encuentra desde el sábado en las instalaciones del Centro de Reinserción Social 1 de Aquiles Serdán, como supuesto responsable del delito de peculado en contra del Gobierno del Estado.