El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) impuso una sanción de inhabilitación por un año para participar en adquisiciones, servicios, arrendamientos, servicios u obras públicas, además de una multa de 40 mil pesos, a J.C.A.M., un particular que alteró documentos para acceder a un apoyo económico destinado a mitigar los efectos económicos de la pandemia.
La Auditoría Superior del Estado (ASE) presentó la denuncia tras detectar irregularidades en la revisión del Plan Emergente de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas por COVID-19, implementado en 2020 por el Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades del Estado de Chihuahua (FIDEAPECH).
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El programa, diseñado para ofrecer asistencia financiera a pequeñas empresas afectadas por la pandemia, requería que los beneficiarios presentaran documentación oficial que acreditara el uso de los fondos para el pago de nómina.
J.C.A.M. obtuvo un apoyo económico de 40 mil pesos bajo este programa, monto que ahora deberá reembolsar tras comprobarse que los documentos que presentó —12 recibos de pago de sueldos supuestamente timbrados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)— eran falsos. Los recibos eran un requisito indispensable para verificar que los recursos del programa se destinaran efectivamente a las nóminas de las empresas afectadas, un punto de especial cuidado para la ASE debido a los esfuerzos por transparentar y fiscalizar los recursos públicos en tiempos de crisis.
La resolución del caso, emitida por la Quinta Sala Unitaria del TEJA bajo la dirección de la magistrada Priscila Soto Jiménez, estableció la existencia de una conducta dolosa, es decir, la falsificación deliberada de documentos para obtener un beneficio económico al que el sancionado no tenía derecho. La sentencia no solo sanciona el uso de información falsa, sino que además, representa un antecedente para prevenir y disuadir acciones fraudulentas en futuros programas de apoyo.
La ASE, como organismo denunciante, fue notificada de la resolución, la cual pone de relieve la necesidad de controles más estrictos para garantizar que los recursos públicos cumplan su objetivo de brindar apoyo a quienes realmente lo necesitan.
