La Auditoría Superior del Estado (ASE) ha logrado una sanción contra un servidor público que abusó de su cargo para favorecer a sus propios familiares, toda vez que aprovechó sus atribuciones para autorizar un apoyo económico por poco más de 67 mil pesos bajo un programa de apoyo por Covid-19.
Durante la revisión de la cuenta pública, se determinó que el funcionario cuya identidad se ha resguardado bajo las iniciales ABGV, había autorizado este apoyo a un familiar, por lo cual fue sancionado con una multa significativa y una inhabilitación, en una decisión unánime por parte del Pleno del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA).
El caso se remonta al ejercicio fiscal del año 2020, cuando ABGV ocupaba el puesto de encargado del Plan Emergente de Apoyo para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, destinado a paliar los efectos económicos de la pandemia de COVID-19. Durante una auditoría llevada a cabo por la ASE al Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas del Estado de Chihuahua (FIDEAPECH), se descubrieron estas irregularidades relacionadas con la entrega de subsidios.
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Según el informe forense de la auditoría, ABGV utilizó su cargo para validar y autorizar el pago de apoyos a favor de su padre y de una empresa en la que él mismo tenía intereses como socio. Estas acciones, que fueron consideradas como una grave falta administrativa, resultaron en un desfalco de 67 mil 260 pesos.
Las explicaciones proporcionadas por el FIDEAPECH sobre este asunto no lograron disipar las dudas planteadas por la ASE. Aunque se argumentó una carga excesiva de trabajo debido a la alta demanda del programa, así como la necesidad urgente de desplegar recursos económicos en respuesta a la crisis provocada por la pandemia de COVID-19, tales justificaciones no fueron consideradas suficientes por los órganos fiscalizadores.
El informe detalla que la planificación y ejecución del programa se realizaron de manera progresiva, involucrando a personal de diversas áreas laborales. Sin embargo, esto no exime de responsabilidad al servidor público implicado, cuya conducta se consideró como un claro conflicto de interés y abuso de funciones.
Ante la falta de aclaraciones satisfactorias por parte del FIDEAPECH, la ASE procedió a remitir el caso a la Coordinación de Investigaciones I para su seguimiento. Finalmente, tras un proceso exhaustivo, el TEJA emitió su veredicto, confirmando la responsabilidad del acusado y dictaminando la sanción impuesta.
Hasta el momento ya son dos los funcionarios públicos estatales sancionados por conductas irregulares detectadas durante procesos de fiscalización de la ASE. En total, se han logrado 12 sentencias en situaciones similares, lo que subraya la determinación de las autoridades en la lucha contra la corrupción y el mal uso de los recursos públicos.
