Hasta el momento sólo 28 de los 95 elementos de la Policía Municipal de Nuevo Casas Grandes se han sometido a los exámenes de confianza instruidos por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal tras el desarme de toda la corporación, pues se promovió un amparo que evita la aplicación de esas pruebas.
Así lo dio a conocer Jorge Armendáriz, vocero de la dependencia estatal, quien detalló que los uniformados promovieron un amparo colectivo los primeros días del mes de mayo, en donde los involucrados firmaron para evitar ser despedidos en caso de no someterse a dicha prueba de confianza.
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Mencionó que, por la cantidad de agentes, se dividieron en tres grupos que acudirían en diferentes fechas a aplicar sus exámenes ante la Fiscalía General del Estado.
Del primero grupo de 30 agentes, sólo faltaron dos agentes, es decir, se presentaron 28 policías, mismos que sí se sometieron a las pruebas, sin embargo, el segundo grupo no se presentó y fue cuando en conjunto se promovió dicho amparo.
Aunque 28 uniformados que representan casi una tercera parte de la corporación, ya habían hecho los exámenes, aun así, se sumaron al amparo, aunque legalmente no tiene ningún tipo de efecto para ellos; respecto al tercer grupo el cual está conformado por 35 policías, acudieron la mayoría en tiempo y forma, pero debido a que el amparo sigue vigente, no fue posible aplicar las pruebas.
Añadió que jurídicamente, aunque los agentes deseen someterse a ese procedimiento, ni la SSPE o la FGE pueden ignorar la orden de un juez, que es la contenida en el amparo, y para que se pueda continuar con las pruebas, será necesario que los 95 firmantes se desistan del amparo y que el tema llegue al juzgado federal para ser desahogado.
Jorge Armendáriz destacó que la mayoría de los agentes están en plena disposición para realizar los exámenes de confianza, pero ahora el tema depende del amparo promovido, por lo que la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, mantendrá el mando de la seguridad en Nuevo Casas Grandes, con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.
Asimismo, trascendió que los 95 policías se sumaron al amparo colectivo, luego de que el pasado 8 de mayo, la gobernadora María Eugenia Campos, anunciará el posible cese de los agentes que no se presentaran al examen de confianza.
“Cuando una persona, que tiene la misión de servir y proteger, deshonra su legado se va”, dijo la mandataria durante un evento público, lo que generó una confusión entre los policías de Nuevo Casas Grandes, quienes buscaron por medio de un amparo, proteger sus puestos laborales.
De igual forma se dijo que una vez que el juzgado federal resuelva la situación jurídica del amparo, se tiene la confianza de que la mayoría de la corporación acudirá a las pruebas de confianza y así poder retomar las labores en ese municipio del noroeste de la entidad.
El desarme de la corporación
Fue el pasado 3 de mayo cuando mediante un fuerte operativo de seguridad encabezado por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, con apoyo de la Sedena y la Guardia Nacional, se realizó una incursión al municipio de Nuevo Casas Grandes, en donde se llamó a filas a toda la policía municipal.
Una vez en formación, los 95 elementos municipales fueron desarmados y se inició un procedimiento para que en tres grupos, dos de 30 y uno más de 35 policías, se trasladaran a la ciudad de Chihuahua para someterse a exámenes de confianza, mientras que el armamento entró a un proceso de pruebas y huellas balísticas.
La situación se dio dentro del marco de una serie de hechos violentos registrados en ese municipio y la región, en donde se reportó la desaparición de por lo menos 15 personas en las últimas semanas, así como enfrentamientos y hechos violentos.
Un día antes de ese mega operativo, el cuerpo sin vida de un hombre, fue colgado en uno de los arcos centinela, que fue instalado para la colocación de cámaras de videovigilancia y monitoreo dentro de lo que es el proyecto de la Plataforma Centinela.
El aumento en los hechos delictivos, no sólo generó el desarme de la Policía Municipal, sino también la destitución de la Fiscal de Distrito Zona Noroeste, Imelda Marín, quien fue reemplazada por Alejandro Vargas, quien fue nombrado por el fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno.
