En la distribución de las diputaciones federales de plurinominales, se impuso la aplicación de la Constitución ante las presiones de representantes empresariales, civiles, políticos y religiosos, entre otros.
Así lo dio a conocer el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe de la Mata Pizaña, durante la conferencia "Presiones o Constitución ¿A qué obedecen los límites a la sobrerrepresentación?".
Lo anterior, dentro del marco del segundo día del Congreso Reforma Político - Electoral en México: Ventajas y Desafíos, en donde el magistrado Felipe de la Mata aseguró que tanto la autoridad administrativa como la jurisdiccional solamente aplicaron la misma fórmula de representación proporcional que ha estado vigente desde las elecciones federales de 2009 y que se encuentra, aún, en la Constitución Mexicana.
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En este sentido Felipe de la Mata y Roselia Bustillo Marín, colaboradora de la ponencia del magistrado, describieron algunas de las presiones que recibieron y que, dijeron, provenían de sectores tanto de la política, como del empresarial, del religioso y de la sociedad civil, así como de exconsejeros y exmagistrados electorales que, en su momento, hicieron valer la misma fórmula legal que ahora buscaban modificar.
Bustillo Marín, expresó que a través de medios de comunicación, pero sobre todo en las redes sociales, se emitieron mensajes amenazantes que buscaban un cambio en los criterios para la distribución de las diputaciones federales plurinominales.
El magistrado Felipe de la Mata Pizaña reflexionó ante lo acontecido a finales del mes de agosto pasado y se cuestionó ¿a quién debía obedecer? ¿a la presión o a la Constitución?
La conferencia magistral se llevó a cabo en la Quinta Gameros y previo al evento, se desarrollaron diferentes actividades como el panel de Organismos Públicos Locales Electorales.
Cabe mencionar que el Congreso es organizado por el TEPJF, la EJE, la Academia Nacional de Derecho Electoral, el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, la UACH y el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua.
