Se interpusieron 20 quejas por violencia obstétrica en 2021

Por prestar indebidamente el servicio público así como acciones u omisiones que afectaron a derechohabientes y sus familiares

Velvet González | El Heraldo de Chihuahua

  · jueves 10 de febrero de 2022

Cortesía | El Sol de Toluca

De acuerdo con el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos publicado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, durante 2021 se presentaron 81 quejas contra instituciones de salud y de éstas 20 son por violencia obstétrica.

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Los señalamientos fueron prestar indebidamente el servicio público (mala actitud, mal trato, gritos) así como acciones u omisiones que afectaron a derechohabientes y sus familiares.

Lo anterior muestra que en 2021 hubo un incremento respecto a 2020, cuando se reportaron 15 quejas.

En total, en 2021 la CNDH reporta 196 quejas contra dependencias federales y son las instituciones de salud las que ocupan el segundo lugar, sólo superadas por la Guardia Nacional.

En el caso de las instituciones de salud, las quejas son por prestar indebidamente el servicio público, acciones u omisiones que afectan a derechohabientes siendo un total de 56 quejas de pacientes en general de los cuales 20 fueron de violencia obstétrica.

Se especifica que las mujeres que refirieron haber sido víctimas de violencia por medio de insultos, gritos o fueron ignoradas por el personal de salud, refirieron que tardaron más de un mes en reportar el hecho ante Derechos Humanos.

El principal motivo por el cual las mujeres no reportaron el abuso de las instituciones fue temor de ser ignoradas, o vergüenza, además de que la mayoría dijo no estar segura de tratarse de un acto de violencia.

Actualmente la CNDH lleva a cabo el Observatorio Nacional de los Derechos Humanos, que busca promover el análisis y la generación de conocimiento sobre la situación que guardan los Derechos Humanos en el país.

Por ello, ofrece información útil vinculada con la promoción, respeto, protección y garantía de los Derechos Humanos.

Lo anterior con el objetivo que, desde la sociedad y los diferentes niveles de gobierno, se puedan impulsar acciones que reviertan la vulneración de prerrogativas.