Tras la instalación de la Comisión de Desplazamiento Forzado interno en la que participaron diversas instituciones gubernamentales, organizaciones civiles internacionales y locales, el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Néstor Armendáriz, indicó que se desconoce cuántas personas sufren a causa de este delito, pero que se tienen detectadas las zonas más problemáticas, como Urique, Uruachi, Guadalupe y Calvo y Saucillo.
Indicó que las acciones que se realizarán en conjunto entre el Gobierno, los organismos internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y los derechohumanistas, así como de la organización civil, comprenden tres objetivos: realizar primeramente un censo, un protocolo de atención y atención integral a las personas afectadas.
Recordó que el mes pasado, a finales de agosto, se conformó la comisión para el desplazamiento forzado interno, en la que participan 14 diferentes instituciones que tienen qué ver con el tema, bajo la rectoría de la Secretaría General de Gobierno.
Indicó que la sesión del martes, fue la segunda de la Comisión, y que con la inclusión de algunas ONGS y ACNUR de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se definieron rutas a seguir en tres objetivos:
primero, la elaboración de un censo, pues no se sabe a ciencia cierta cuántas personas están en calidad de desplazadas, ya que es un problema que desde hace muchos años se presenta, sobre todo en la región serrana, donde familias enteras, e incluso poblaciones han sido desplazadas.
Luego elaborar un protocolo que se trabajará con las 14 instituciones para atender de manera integral a las personas afectadas: “alguien que con su familia tiene que salir con sus pertenencias más elementales, dejar su vida atrás, medios de trabajo y no se sabe a dónde ir cómo y de qué van a vivir es una situación muy complicada, pues tienen necesidades de alojamiento, vivienda, salud, alimentación, educación, laboral, y garantizar el retorno seguro a sus lugares de origen”, comentó el Ombudsman.
Por lo anterior, dijo que para ello se trabajará en un plan integral de atención que comprenda todos los temas antes mencionados.
Agregó que el desplazamiento forzado interno no está tipificado como delito, y recordó que hay una propuesta de reforma al Código Penal Local para incluir el tipo penal de desplazamiento interno y que, a nivel federal está en la congeladora una Ley General de Desplazamiento Forzado Interno, por lo que esperó que con la reciente visita de la relatora de la ONU para el desplazamiento tal vez se pueda destrabar el tema.
Apuntó que los antecedentes más conocidos de desplazamiento forzado son las comunidades de El Manzano y Monterde, ubicados en los municipios de Uruachi y Guazapares respectivamente, pero también se ha detectado la situación en centro sur del estado en Saucillo, donde un núcleo familiar tuvo que abandonar la zona; también en Guadalupe y Calvo todavía a principios y mediados de 2021 se dieron varios casos de comunidades, grupos de alrededor de 100 personas que fueron desplazadas, así como este año en Bocoyna y Urique.
“Hay muchos casos que las personas no saben que son víctimas de ese delito”, comentó y dijo que las más vulnerables son las comunidades indígenas, quienes por cuestiones de pertinencia cultural se encuentran con mayores dificultades para reubicarse en lugares lejanos a sus orígenes, pues además, deben llegar a albergues o asentamientos en donde viven en condiciones de hacinamiento que generan otras problemáticas.