Funcionarios estatales y personas desplazadas por la violencia de las comunidades de El Manzano y Monterde sostuvieron la primera reunión tras la sentencia emitida por un Tribunal Colegiado y que resuelve el juicio de amparo 917/2021 a favor de las comunidades afectadas.
Las víctimas de El Manzano, comunidad del municipio de Uruachi y las víctimas de Monterrey en el municipio de Guazapares se reunieron con los funcionarios estatales, luego de meses de lucha para que sus demandas fueran escuchadas.
La violencia que se vive en sus comunidades los hizo desplazarse de manera forzada a fin de salvar su vida, a pesar de ello han encontrado la resistencia de las autoridades para cumplir con los amparos que han obtenido y las recomendaciones de la Comisión Estatal y Nacional de Derechos Humanos.
La sentencia dictada por el Decimosegundo Juzgado de Distrito en el Estado de Chihuahua, en el amparo 917/2021 fue impugnada por las autoridades y resuelta por el Tribunal Colegiado, consideró que habían sido demostradas y probadas las omisiones de las autoridades en las violaciones de derechos humanos sufridas.
El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa con sede en la ciudad de México confirmó la protección y ordenó restituir sus derechos.
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El Salón Sacramento fue la sede para la reunión con las comunidades afectadas.
Las personas desplazadas leyeron un documento en el que solicitaron al gobierno estatal se dé cumplimiento a la sentencia y se les otorgue una indemnización por la pérdida de sus patrimonios, así como la cobertura de sus necesidades elementales de vivienda, salud, educación, trabajo y otras.
Las comunidades fueron acompañadas por Consultoría Técnica Comunitaria (Contec) y por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM). Asimismo, se contó con la representación de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
A partir de esta reunión se realizarán mesas de trabajo específicas y con las dependencias pertinentes para dar atención a las personas desplazadas por la violencia.
La sentencia definitiva alude que las autoridades obligadas a cumplir son la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; la gobernadora María Eugenia Campos Galván; la Fiscal General de la República, la Fiscalía General del Estado y su titular, así como la Fiscalía de zona occidente, Secretaría de Gobernación y Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos entre otras.
Hay que resaltar que la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 96/2022 versa sobre la pacificación de las zonas para el retorno seguro; acceso a la justicia y detención a los responsables del desplazamiento, el reasentamiento definitivo con vivienda propia y empleos que les permitan vivir con dignidad, y la ayuda humanitaria. A pesar de que el Gobierno del Estado aceptó la recomendación sólo ha cumplido con una ayuda humanitaria de mil pesos al mes, así como una renta de una vivienda muy precaria en zonas inseguras.
