Tal y como le fue notificado desde hace un par de semanas, este martes 23 de julio en punto de las 11 de la mañana, el exgobernador Javier Corral Jurado, deberá de presentarse en la Secretaría de la Función Pública (SFP), con tal de que presente pruebas en su defensa por el proceso que le fue abierto que podría derivar en una sanción administrativa.
“Estamos en espera de que asista y se lleve la audiencia el día 23 de julio a las 11 de la mañana”, dijo el secretario de la función pública, Roberto Fierro Duarte, explicando que el ex mandatario estatal, deberá de presentarse en las oficinas de la dependencia arriba citada
Fierro Duarte refirió que será en la audiencia de la fecha arriba citada, cuando el equipo legal del exgobernador y el propio Javier Corral, tengan que desahogar todas las pruebas necesarias en torno a este caso.
“Nosotros daremos vista al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa sobre el expediente y ellos serán los que resuelvan”, refirió el secretario de la función pública, sobre lo que acontecería en caso de que el ex mandatario o su equipo, no atiendan a dicho citatorio.
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La Secretaría de la Función Pública notificó el pasado cinco de julio a Javier Corral Jurado, ex gobernador de Chihuahua, sobre la apertura de un procedimiento en su contra por probable enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal, esto derivado de dos denuncias presentadas ante la propia Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Fiscalía General del Estado (FGE) en diferentes fechas del 2022.
De acuerdo a lo presentado por dicha dependencia, la primera denuncia fue presentada en el mes de febrero de 2022 ante la SFP por un diputado local, respecto a la petición de investigación e información sobre la compra de un terreno.
A su vez, la denuncia penal se presentó en mayo de 2022 ante la FGE, por un Presidente Municipal, por conductas de probable defraudación fiscal y falseamiento en declaraciones con el fin de defraudar.
Las conductas advertidas se relacionan con sus declaraciones patrimoniales de modificación y de conclusión en su encargo como Gobernador Constitucional del Estado; es decir, no declaró un inmueble respecto del cual se conduce como dueño, lo que se considera una falta administrativa grave.
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