Uno de los fraudes más significativos perpetrados en el estado de Chihuahua aún se encuentra en proceso de resolución tanto en los tribunales, como a través de la Fiscalía General del Estado. A pesar de que han transcurrido dos años desde que se presentó la primera denuncia —el 3 de noviembre de 2021— contra Aras Investment Business Group, hasta la fecha solo cuatro individuos han sido detenidos, pero no se ha logrado restituir ni un centavo del perjuicio económico sufrido por las víctimas que cayeron en este esquema piramidal.
Hasta el momento, se han presentado aproximadamente siete mil denuncias formales en contra de esta empresa, fundada por Armando Gutiérrez Rosas el 8 de noviembre de 2019. Estas denuncias provienen de miles de personas que confiaron sus ahorros, que oscilaban desde los 10 mil hasta sumas superiores a los 2 millones de pesos para supuestos esquemas de inversión. Estos esquemas llevaron a numerosos clientes a perder los ahorros de toda una vida, propiedades y otros activos en busca de una estabilidad financiera.
De entre los más de 7 mil afectados, se estima, de manera no oficial, a través de cálculos realizados por abogados, víctimas y partes involucradas en el proceso, que el daño causado por Aras asciende a aproximadamente 10 mil millones de pesos. Esta suma fue recaudada en un periodo de uno o dos años a través del denominado esquema Ponzi. En este esquema, la intención era atraer constantemente a nuevos "inversionistas" con el fin de pagar a otros, hasta que finalmente los ingresos se agotaron.
También existe una cifra “negra” de más personas que entregaron el dinero a la empresa, pero que ante la baja probabilidad de recuperar su dinero y lo tardío que han sido los procesos judiciales, han decidido asimilar la pérdida y comenzar un nuevo rumbo de este gran daño económico que género en el estado e incluso en los Estados Unidos.
En julio de 2022, la Fiscalía General del Estado ofreció una recompensa de 5 millones de pesos a quienes proporcionaran información relevante sobre el paradero de Armando Gutiérrez. Sin embargo, hasta la fecha, un año después de la oferta, nadie ha brindado datos que puedan contribuir a localizarlo y proceder con su arresto. Se ha mencionado en varias ocasiones que se encuentra en una propiedad en los Estados Unidos, pero su ubicación sigue sin conocerse.
El notario número 3, Sergio Granados Pineda, con sede en la ciudad de Chihuahua, fue quien formalizó la constitución de la empresa Aras con una duración indefinida. Los firmantes incluyeron a Armando Gutiérrez Rosas, quien posteriormente se autodenominó CEO de Aras, Óscar Gonzalo Hernández Montano (actualmente detenido), Diana Ivonne Cantú Pérez (también detenida), Andrea Rocío Estrada Caldera y Alejandro Rodríguez Salcido. La Fiscalía General del Estado los ha señalado como los fundadores de esta empresa.
A raíz de las numerosas denuncias y los considerables perjuicios causados a las víctimas, la Fiscalía General del Estado logró la incautación de más de 180 bienes muebles en la entidad, entre los que se encontraba la mansión en construcción de Flor Edith Salazar Rojas, esposa de Armando Gutiérrez. Esta mansión estaba ubicada en el fraccionamiento Pedregal del Alba, una de las zonas más exclusivas de la capital.
Sin embargo, con el paso de los meses, los bienes se fueron liberando, luego de que diferentes personas lograron obtener la reparación del daño con la posesión de los bienes, en juicios que realizaron con amparos y otros mecanismos que obligó a la fiscalía y al Tribunal Superior del Estado a entregar los mismos a algunos de los afectados.
Desde abril de 2021, la empresa Aras Investment Business Group enfrentó una serie de desafíos en su capacidad de mantener la liquidez necesaria para cumplir con los pagos a sus numerosos "inversionistas". Sin embargo, la situación se agravó significativamente en septiembre de ese año, cuando incluso se comenzó a especular sobre la desaparición del CEO de la empresa.
A medida que avanzaba el tiempo, la desconfianza entre los inversionistas aumentaba considerablemente, y la incertidumbre generó un efecto dominó que llevó a que al menos un 70% de los usuarios decidieran retirar sus fondos de las supuestas inversiones. Esta estampida de retiradas provocó una pérdida de liquidez aún mayor para la empresa, lo que finalmente resultó en la suspensión de sus operaciones, acompañada de la promesa de "reembolsar" a todos los afectados.
Las autoridades estatales se han comprometido a que los responsables de los hechos paguen por el millonario fraude que ocasionó la empresa Aras Business Group, y parte de esta promesa, fue la captura de cuatro de los presuntos involucrados, quienes actualmente se encuentran en prisión por miles de casos que se encuentran judicializados ante un juez de Control.
La última detención registrada fue la de la prima de Armando Gutiérrez, Sandra Yoselín Rosas López, quien fue capturada en junio de 2023, por haber participado en la fundación y manejo de las cuentas de Aras, y a quien la Fiscalía General del Estado identifica como la operadora financiera de esta empresa.
Hasta el momento no se ha detenido al actor principal de la formación de este mega fraude, pero la misma Fiscalía General del Estado cuenta con información de que se encuentra resguardado en los Estados Unidos, y que incluso, hace un par de semanas, estuvo enfermo por una supuesta infección de VIH, que había contraído.
Aunque de momento sólo cuatro personas se encuentran detenidas, en los archivos y registros oficiales de la empresa Aras, existen más de una decena de colaboradores que participaron en estos hechos, y que al igual que Armando no han sido capturados por el millonario fraude que orquestaron dentro del estado de Chihuahua.
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Es de mencionar que incluso la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha presentado cargos contra Aras Investment Business Group SAPI de CV y su director general, Armando Gutiérrez Rosas, junto con otros cuatro individuos, por un presunto fraude que afectó a más de 450 inversores minoristas en los Estados Unidos.
Según la denuncia de la SEC, Gutiérrez Rosas recaudó más de $15 millones prometiendo altas rentabilidades mensuales en inversiones en operaciones inmobiliarias y mineras, pero en realidad utilizó los fondos para gastos personales, incluyendo la compra de una mansión de $2.5 millones en Texas. El esquema se caracteriza como un fraude tipo Ponzi y fraude de afinidad. Cuatro de los acusados han acordado sentencias en su contra sin admitir ni negar las alegaciones de la demanda, con medidas cautelares y sanciones a determinarse por el tribunal.