El Consejo Consultivo de Participación Ciudadana de Chihuahua, concordó en su reciente sesión celebrada solicitar al Instituto Estatal Electoral (IEE) reponer la Consulta Ciudadana respecto a la Estrategia de Seguridad Pública Estatal denominada Plataforma Centinela.
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Esa decisión fue tomada a partir del mandato de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) establecida en el expediente JDC-017/2023. Esta determinación por parte de la ciudadanía significa un precedente en relación a los mecanismos de participación ciudadana.
Entre los motivos por los cuales el grupo de ciudadanos tomó la decisión antes mencionada se encuentran algunas omisiones cometidas por el IEE en la consulta que ejerció en el 2022, particularmente la violación a cinco derechos de las personas en el desarrollo de dicho ejercicio ciudadano.
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El derecho a la participación de las personas con discapacidad, el de la participación de las niñas, niños y adolescentes, el de la participación de personas integrantes de los pueblos y comunidades indígenas, el de la participación ciudadana en condiciones de igualdad, y el principio de imparcialidad son los puntos que consideran se violaron toda vez que el IEE limitó a esos grupos al considerarlos “infundados e inoperantes”.
Fue así que el Consejo Ciudadano revirtió la decisión del IEE por mandato de la Sala Regional Guadalajara, por lo que se deberá realizar otra en la que se tome en cuenta a toda la población y se brinde todo lo necesario para que la ciudadanía pueda externar su opinión respecto a la implementación de esa estrategia de seguridad.
De esa forma, el consejero Leonardo Rodríguez propuso reponer la consulta pública estatal sobre la Plataforma Centinela y mejorar el proceso para garantizar la máxima participación ciudadana y publicidad. Esa propuesta fue aprobada por los siete consejeros ciudadanos, al tiempo en el que se contó con los votos en contra de los representantes de los entes oficiales, Rafael Loera y Octavio Carrete, de los poderes ejecutivo y judicial, respectivamente.
La consejera Pamela Pérez argumentó que se violaron los principios de imparcialidad y de máxima publicidad al no informarse los costos de la Plataforma Centinela y solo publicar la información oficial del Gobierno del Estado.
