Desde el pasado 23 de abril, la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua hizo la solicitud de extradición formal en contra de Arturo F.V., exsecretario de Hacienda en el gobierno de Javier Corral, toda vez que tiene al menos una carpeta de investigación en su contra.
Lo anterior lo dio a conocer el fiscal Anticorrupción, Abelardo Valenzuela, quien explicó que el caso ha tomado notoriedad de nuevo en los últimos días porque han estado solicitando información en el departamento de estado, y por consiguiente, lo tienen monitoreado.
El titular de la Fiscalía Anticorrupción confirmó que el gobierno mexicano ha presentado una solicitud formal de arresto y extradición del exsecretario de Hacienda del Estado, ya que está acusado de peculado agravado por el presunto desvío de 98.6 millones de pesos, enfatizando que la solicitud de la misma fue realizada el 23 de abril de este año, la cual cuenta con el respaldo del embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma.
Aclaró que, la diferencia entre dicha petición y una ficha roja de la Interpol, esta es una extradición formal que ha pasado por todos los trámites y filtros técnicos entre ambos países, conforme a los tratados internacionales, destacando que el proceso de extradición es complejo y depende de la colaboración entre los gobiernos de México y Estados Unidos.
De acuerdo a los datos con los que cuenta la fiscalía Anticorrupción, Arturo F.V. está siendo monitoreado desde que ingresó a los Estados Unidos, territorio en el cual ha andado “a salto de mata”, logrando detectar que se ha movido en distintos Estados de la Unión Americana como Illinois, Texas y Nueva Jersey.
“Este proceso ha avanzado significativamente, ya hemos completado los pasos técnicos y estamos en la etapa final de la solicitud formal. Sabemos dónde está (el acusado) y estamos monitoreando sus movimientos”, dijo en entrevista telefónica.
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Quien fuera secretario de Hacienda durante la pasada administración gubernamental, encabezada por Javier Corral Jurado, está en calidad de prófugo desde mayo del 2023, por lo que desde el mes de agosto del mismo año, cuenta con una ficha roja de la Interpol, ya que estaría involucrado en el posible desvío de recursos del estado, cantidad que sumaría más de 90 millones de pesos