Sólo el 27 por ciento de las carpetas de investigación que se inician por violencia contra las mujeres se judicializa, de éstas el 4.66 por ciento recibe una sentencia condenatoria, informó la fiscal Wendy Chávez Villanueva, titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM).
Durante el primer semestre de 2024 se abrieron 8 mil 600 carpetas de investigación por delitos de género, en su mayoría violencia familiar o doméstica. De éstas se judicializaron 2 mil 352, es decir, el 27.34 por ciento y sólo llegaron a una sentencia condenatoria por delitos de género 401 carpetas.
La fiscal explicó que aunque sean pocas las sentencias condenatorias, no quiere decir que el resto de los casos se quede en la impunidad o no se le brinde el seguimiento necesario, sino que tiene mucho que ver el tiempo procesal.
Dijo que todas las investigaciones tienen ciertas complejidades, por lo que se deben allegar de información necesaria para que se inicie el proceso judicial.
Los procesos que más demandan es violencia familiar, pero en la legislación se permite llegar a salidas alternas, es decir, se llega a proceso pero no precisamente a una sentencia condenatoria.
“A veces consideramos que la sentencia condenatoria es una forma de acceder a la justicia y el combate a la impunidad, pero un proceso judicial ya es acceso a la justicia”, dijo que las órdenes y medidas de protección, que se les dé seguimiento a los procesos, son parte de las acciones para aminorar la impunidad.
➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua
La fiscal además dijo que se emitieron 984 órdenes de captura judicial en contra de presuntos agresores y se dictaron 3 mil 686 órdenes de protección y 690 medidas de protección, estas últimas de gran importancia porque se les brinda una protección inmediata a las víctimas.
Explicó que éstas se basan en una medición de escala de riesgo para las víctimas de violencia doméstica, que es el grueso de los casos.
A la fecha la FEM trabaja en la construcción de una escala de riesgo para los casos donde hay agresiones en contra de niñas, niños y adolescentes.