Ante la violación de los derechos humanos del activista, defensor del bosque y derechos de la comunidad indígena ralámuli Julián Carrillo Martínez, se cuenta con una recomendación a la Fiscalía General del Estado debido a que las medidas de protección que se implementaron fueron inadecuadas e insuficientes para proteger su vida.
Julián era parte del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas desde 2014.
En la Comisión Estatal de Derechos Humanos sólo se cuenta con la recomendación 30/20 tras el asesinato de Julián Carrillo, reconocido por su activismo como defensor de los derechos humanos de la comunidad ralámuli.
La CEDH abrió una queja de oficio al enterarse del asesinato, donde se analizó la actuación de las autoridades locales, desprendiéndose que al conocer el riesgo en el que estaba debió haber contado con una mayor protección, tanto por el riesgo extraordinario como por la vulnerabilidad en la que se encontraba.
Julián fue asesinado tras denunciar la tala del bosque, concesiones mineras en su territorio y la presencia de grupos armados del crimen organizado en la comunidad Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua.
Desde hacía tiempo, Julián y su familia vivían amenazados debido a su actividad como defensores del bosque y el territorio en la comunidad ralámuli Coloradas de la Virgen. El 5 de febrero de 2016, su hijo Víctor Carrillo fue asesinado; después, su sobrino Guadalupe Carrillo Polanco, en julio del mismo año; el 1 de julio del 2017, su sobrino Alberto Quiñones Carrillo también fue asesinado y el 1 de julio del 2018 mataron a su yerno Francisco Chaparro Carrillo.
En la recomendación se establece que las medidas para proteger su vida fueron insuficientes, por lo que debe haber una reparación del daño, atención psicológica, servicios de asesoría jurídicos y medidas de compensación.
Los asesinatos de ralámulis defensores se registran porque están haciendo una defensa heroica de su territorio y oponiéndose a las políticas de desarrollo implementadas por los gobiernos estatales y federales, con modelos extractivistas del recurso forestal y minero.