En un periodo de 60 días, por lo menos 87 personas han sido obligadas a dejar sus propiedades en algunas zonas de Uruachi, Urique y Guadalupe y Calvo, a raíz de la presión que ejercen los supuestos integrantes de grupos criminales en esas regiones, que obligan a decenas de familias a dejar sus viviendas y todas sus pertenencias para resguardar su integridad.
El representante del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Gabino Gómez Escárcega, declaró que en los últimos días varias familias de distintos poblados se han acercado con él, en búsqueda de apoyo y gestión para controlar la “ola” de inseguridad que se vive dentro de estas comunidades.
“Son grupos completos de familias, por razones de violencia, antes era por razones económicas que se iban en búsqueda de trabajo y ahora hay expulsión muy fuerte de comunidades completas, han venido de diferentes comunidades, incluso cerraron un programa federal porque no había gente que lo trabajara”, compartió.
Aseguró que uno de los casos más recientes fue el de dos familias, que son un grupo de 15 personas, quienes la semana pasada salieron de la comunidad de Las Trojas, en el municipio de Uruachi, abandonaron su comunidad ante las presiones y amenazas que sufrieron en sus propiedades.
“La semana pasada estuvimos viendo con el Bienestar, porque les pagaban del programa Sembrando Vida, que era el único ingreso que tenía esa familia, hablé a las oficinas y la contestación es que ya no existe la comunidad de Las Trojas, en Uruachi, todos están desplazados, ya no existe, ha desaparecido, no sabemos dónde están los demás, sé dónde se ubican las familias que nos pidieron apoyo, pero no sabemos a dónde se fueron todos”, agregó.
De igual forma, Gabino Gómez dijo que también tuvo contacto con 22 personas de un grupo de cinco familias del municipio de Urique, quienes pidieron no revelar la zona o la comunidad de donde partieron, pero le comentaron que tenían mucho temor por los delincuentes y que fueron despojados de todas sus pertenencias.
Compartió que estas cinco familias fueron trasladados a la ciudad de Chihuahua, se encuentran hacinados en domicilios pequeños, que van consiguiendo con amigos o conocidos, pero que nadie – ni una autoridad- ha querido brindarles apoyo, ya que incluso no son considerados víctimas del desplazamiento, hasta que interponen una denuncia formal.
“El martes me hablaron 50 personas más que están desplazadas, todas relacionadas con el mismo apellido, son de una comunidad de Guadalupe y Calvo, ellos me contactaron para buscar que les ayudara a atender la situación de seguridad y brindar atención de vivienda, alimentación y trabajo”, indicó el activista.
Gabino Gómez dijo que las personas que son desplazadas de sus comunidades, en primera instancia no son consideradas como víctimas de algún delito, sino que deben interponer una denuncia formal por algún delito como amenazas, robo o daños, pero que mientras no pasa eso no pueden ser considerados como víctimas, pero tienen miedo a interponer algo en contra de estos grupos criminales.
Comentó que a pesar de que tiene conocimiento de más de 80 personas desplazadas en un periodo de dos meses, no existe un recuento oficial de las víctimas de estos hechos, ya que muchos no denuncian, otros se van a otros estados o municipios, pero ni las autoridades cuentan con un número exacto de los afectados.
También dijo que las autoridades de todos los niveles de gobierno no han tenido una puntual participación en estos hechos y en cambio no generan apoyos o atención a los desplazados, además refirió que es necesario una reforma para que estas personas sean atendidas sin interponer una denuncia.
