La segunda audiencia intermedia en contra de los involucrados del presunto fraude de la empresa Aras Business Group se suspendió en el Poder Judicial del Estado de Chihuahua, al no haber sido notificados de la acusación de la Fiscalía General del Estado, según comentó el abogado, Mariano Cordero, quien representa a varios de los afectados.
En la causa penal 1966/2023, se ha vinculado a proceso a cuatro de los presuntos responsables de haber participado en la elaboración de la empresa Aras Investment Business Group, y haber presuntamente ideado el esquema de fraude que ha perjudicado a más de 7 mil persona en Chihuahua.
En esta causa penal, se ha cuantificado daños por 80 millones 991 mil pesos y cerca de 455 mil dólares, que son sumas cercanas a los 90 millones de pesos del daño patrimonial que ocasionó la empresa en contra de 450 personas que interpusieron sus respectivas denuncias ante la Fiscalía General del Estado.
Actualmente Sandra Jocelyn R.L., Óscar Gonzalo H. M., Sergio Armando G. C. y Diana Ivonne C. P., se mantienen en prisión preventiva por más de mil 500 denuncias relacionadas con el delito de fraude, esto luego de que supuestamente fueran participantes en la elaboración de la empresa y su operación.
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El abogado comentó que es la segunda causa penal que llega a una audiencia intermedia, en el que se busca desahogar todo el material probatorio para iniciar un juicio oral y finalmente llegar a la sentencia en caso de que se pueda acreditar que los detenidos fueron penalmente culpables de estos hechos.
La audiencia por esta causa penal, se reprogramó para el próximo 1 de febrero de 2024, en punto de las 9:30 horas, donde esperan que el Poder Judicial pueda iniciar la audiencia intermedia, para que el proceso penal, pueda avanzar y se pueda continuar con la reparación del daño, por el grupo de 450 afectados, solo por esta causa penal.
Compartió que entre los trabajos que lleva a cabo, además de la vía penal, dijo que no se descarta la posibilidad de que se puedan explorar otras vías, para buscar la indemnización de los afectados por parte del Estado Mexicano, quien no cumplió con su labor de vigilar, fiscalizar y sancionar a este tipo de empresas.