La gobernadora del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, afirmó que la eliminación de la prisión preventiva oficiosa "vulnera nuestras garantías y derechos civiles,", por lo cual se sumó a la firma del 'amicus curiae’ (amigo de la Corte) que apoyan 30 gobernadores estatales en la que solicitaron a la Suprema Corte de Justicia la no eliminación de dicha medida cautelar.
Señaló que esta petición realizada a través de la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago) fue un acuerdo en el que 30 mandatarios estatales coinciden sobre las consecuencias de eliminar la prisión preventiva oficiosa.
Lo anterior después de que el Poder Judicial de la Federación estableció que con esta medida cautelar, cualquier presunto responsable de algún delito, se podrá suspender a través de amparo, y llevar en libertad el proceso en libertad, independientemente del delito por el que sea investigado.
Cabe mencionar, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado en varias ocasiones al Estado mexicano, la vulneración de los derechos humanos a personas que son investigadas por su presunta participación en algún delito o falta.
La instrucción al Estado Mexicano, fue reformar la Ley y normatividad, ya que ducha Corte, consideró que la normatividad en México en materia penal, contiene medidas que violan los derechos humanos, como la medidas cautelar de la prisión preventiva oficiosa.
De acuerdo con la Corte Interamericana, dicha medida, mientras se lleva a cabo la investigación de un proceso penal, atenta contra la libertad de las personas, debido a que se aplica sin criterios particulares.
Además, señaló que la aplicación de esta medida no puede hacerse si no existen condiciones que la justifiquen, por lo que llamó a desechar esa medida.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, también expuso que en México, el uso de la prisión preventiva oficiosa es excesivo y no fundamentado, ya que para aplicarse, se debe acreditar de una forma motivada y clara el por qué de la misma, de acuerdo con las condiciones de cada caso.
Ante este señalamiento que se ha dirigido en distintas ocasiones, el Poder Judicial de la Federación, resolvió que a través de un amparo, la persona investigada por algún delito, puede obtener dicha eliminación y llevar su proceso en libertad.
Por lo anterior, fueron 30 gobernadores de Estados, los que se unieron para firmar una petición, en la que se solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no se elimine esta medida.
Se expone, entre otros motivos, el derecho a la seguridad de los ciudadanos, además del impacto que traería en materia de seguridad pública e impartición de justicia.
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La gobernadora María Eugenia Campos, reiteró que se solicitó la no suspensión de la medida, pues esto afectaría a los derechos de las y los ciudadanos, y puntualizó que se espera de un resultado positivo.
